El índice no está mal y mide lo que quiere medir (cantidad de vida larga y feliz por insumo de medio ambiente). El problema es que, una vez que se difunde, la interpretación tiende a ser abusiva. Por ejemplo, el difusor de las infografías comenta: “Posiblemente les sorprenda que el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos no llegan ni siquiera a los primeros 40″. Y al comentar los datos, The Daily Mail resalta cómo países como Vietnam, Costa Rica y Colombia están por encima de otros más desarrollados. Remata afirmando que el índice mide “lo que importa, más que la riqueza”. Esta nota del Huffington Post presenta diapositivas con las curiosidades exóticas de los “10 países más felices del mundo”, exhibiendo modos de vida que presumiblemente los hacen felices a pesar de su pobreza.

Éste es el paso peligroso: cuando se ve al HPI como un sustituto de los índices que miden la riqueza. Este comentarista dice abiertamente que le agrada el HPI porque es “una forma útil de pensar sobre lo que es el progreso y qué significa realmente el éxito para un país, especialmente cuando lo comparas con el instrumento burdo del PIB”.

Lo que llama la atención a los observadores apresurados es cómo los países pobres son felices. Esa es una mala interpretación. La correlación del HPI con la riqueza del país, medida con el PIB per capita, es débil (0.157) y no es significativa estadísticamente. Pero eso no significa que la riqueza de los países no se correlaciona con la felicidad. De hecho, la relación es bastante sólida. El índice usa como uno de sus componentes el promedio de satisfacción con la vida (en una escala de 1 a 10). Abajo se muestra su asociación con el PIB per capita:

No hay mucho dónde buscarle. Entre países, a una diferencia adicional de un punto porcentual en el PIB per capita corresponde un incremento de .65 en la satisfacción media con la vida. La variación en el (logaritmo natural del) PIB per capita explica el 54 por ciento de la variación en la satisfacción media con la vida. No es toda, concedo, pero es bastante. En la gráfica es claro que el rendimiento es decreciente: para los países más ricos, el impacto de la riqueza sobre la satisfacción es mucho menor que para los países pobres.

De hecho, el PIB per capita también está muy asociado con los otros dos componentes del HPI: la correlación con la esperanza de vida es de 0.656, y con la huella ecológica la correlación es casi perfecta: de 0.903.

¡NO!

Entonces, si todos los componentes del índice están tan relacionados con el PIB per capita, surge la pregunta de por qué el índice  presenta una asociación tan débil (o nula) con la riqueza. La respuesta es relativamente sencilla: por la forma en que está construido el índice. En términos simples, el índice se forma así:

HPI = (satisfacción X esperanza de vida)/huella ecológica

El PIB per capita se asocia positivamente con los tres indicadores. Entonces, a medida que aumenta el PIB per capita, crece el numerador y eso aumenta el valor del índice. Pero, por otro lado, también aumenta el denominador, y eso empuja el valor del índice hacia abajo. Entonces, intuitivamente podemos concluir que las dos fuerzas neutralizan el efecto del ingreso nacional sobre el índice.

En análisis más sistemático (aquí el análisis), lo que ocurre es que de hecho el índice reduce su valor a medida que aumenta el ingreso, hasta un punto crítico a partir del cual vuelve a aumentar su valor. Entonces, no cabe sorprenderse de que los países más “felices” tiendan a ser bastante pobres: la forma de calcular el índice hace esto altamente factible.

Los estudios sobre el “bienestar subjetivo”  están muy bien cuando se enfocan a comprender de forma integral el fenómeno que llamamos felicidad. Pero cuando se pretende postular mediciones alternativas al ingreso como sustitutos para el bienestar, me parece que se incurre en un error teórico, dejando de lado que deja mucho qué desear la sensibilidad humana de los académicos y activistas de países del primer mundo que relativizan la importancia de la riqueza en el bienestar, cuando se trata de países pobres.

¿Te digo cuál es tu problema niñito? Que no sabes apreciar las cosas importantes de la vida

La India presenta un puntaje relativamente alto en el HPI, como comenta esta nota con algo de orgullo. China, en cambio, aparece bastante más abajo. En la India, el 24.7% de la población vive con 1.25 dlls. diarios o menos. En China, la proporción es el 6.26%, cuatro veces menos. ¡Ah! ¿Y les dije que según el HPI China es menos feliz?

Antes de pasar al punto que nos ocupa, aclaro mi posición sobre esto: de eso, más o menos, se trata la democracia. Siguiendo el argumento de Amartya Sen, el mecanismo por el que las democracias evitan desastres como las hambrunas es dando libertades a quienes tienen un interés en que fracase el gobierno: siempre que ocurra un desastre, en una democracia el gobierno debería contar con que habrá gente ansiosa por denunciar su incompetencia y exigir que otra persona más competente u honesta tome su lugar. Lo mejor para evitar eso, es evitar desastres. No sólo no debería extrañarnos, sino que esto define a una democracia. Cualquier ciudadano puede elevar una demanda, sin importar sus razones profundas.

Constitución ideal del gobierno: "Artículo único. Sólo tendrán derechos políticos quienes no tengan motivaciones políticas"

Por supuesto, qué tanto éxito tenga una demanda como la de la renuncia del presidente en turno depende de factores como a cuántos puedan sumar a esa demanda y qué tanto intensas y eficaces sean las movilizaciones. Y seguimos en el ejercicio legítimo de los derechos democráticos.

También es de esperarse que funcionarios del gobierno o simpatizantes del gobierno respondan de alguna forma a esta demanda, argumentando razones en contra. Claro, es debate político. El término “razones” puede resultar exagerado. Políticos e intelectuales que defienden a capa y espada posiciones partidistas terminan haciendo todo, menos un discurso lógicamente consistente. Pero aún tomando en cuenta eso, este artículo de la Secretaria de Cultura del PRI resulta excesivo.  Vale la pena comentarlo porque constituye un ejemplo de teoría de la conspiración, casi para libro de texto.

Las teorías de la conspiración son “teorías” en el sentido de que son discursos que explican eventos. De acuerdo con una definición aséptica, estas explicaciones se distinguen por cuatro elementos: “1) un grupo 2) que actúa en secreto 3) altera las instituciones, usurpa el poder, oculta la verdad u obtiene un beneficio 4) a costa del bien común”. Ahora bien, a diferencia de otras teorías como las religiones o los textos de Laclau, las teorías de la conspiración tienen un alto contenido empírico. La gente que las sostiene constantemente apoya sus conjeturas con datos y evidencia. De hecho, si uno piensa en los cuatro elementos de la definición, parece innegable que existen grupos que presentan conjuntamente las propiedades 2), 3) y 4). Es decir, es innegable que existen conspiraciones. Y aquí acaba todo el valor que puedan tener estas teorías. Las teorías de la conspiración se caracterizan por una serie de atributos que las hacen sumamente implausibles.

En el sentido en que las teorías de este pobre señor son implausibles

Resulta que el artículo de Pagés ilustra muy bien estos atributos:

-Objetivos ocultos. Los que participan en la conspiración en realidad no quieren lo que dicen querer. Tienen un objetivo ulterior, no declarado, que les representa un valor no instrumental.

Los grupos en las manifestaciones piden la renuncia de peña Nieto y el esclarecimiento del crimen.  La teoría de la conspiración postula que la movilización que acompaña estas demandas constituyen un riesgo para la estabilidad. Por lo tanto, concluye, los grupos movilizados buscan desestabilizar al país.

Aún asumiendo que de las manifestaciones necesariamente se sigue la “desestabilización” del país (lo que en sí mismo habría que demostrar), eso no querría decir que éste es el objetivo verdaderamente deseado. Por ejemplo: Todos los días la señora Pagés conduce su automóvil con el objetivo de llegar a su oficina. Al hacer esto, contamina el ambiente. Esto no basta para que yo afirme que su verdadera intención es incrementar la polución.  Si le dijera eso a la señora Pagés, tendría todo el derecho a mirarme como si no supiera qué diablos ocurre conmigo.

Pero supongamos que ese es el verdadero objetivo. No queda nada claro por qué alguien querría “desestabilizar” a México. Si yo afirmo que la CNTE ganaría con un cambio de la camarilla en el poder por una comprometida con revertir la reforma educativa, mi afirmación puede ser incorrecta, pero apelo a supuestos relativamente razonables sobre los intereses de este sindicato. Decir que la CNTE quiere desestabilizar a México es otra cuestión. ¿Qué gana este grupo (o cualquier otro) “desestabilizando”? En este artículo, de pocos días después del de Pagés, los sindicatos no son grupos afectados en sus intereses por las reformas de Peña Nieto y que reaccionan con su oposición organizada, en uso de sus derechos: no, son “comemierdas”  que quieren “darle en la madre a nuestro país”.

Se necesita alguna argumentación que de manera convincente nos diga qué beneficio obtienen los miembros de la conspiración con la desestabilización o dándole en la madre al país. Si la desestabilización no tiene valor instrumental para los conspiradores, es porque ellos la valoran  en sí misma. Tal vez se pueda apelar a esta hipótesis de maldad intrínseca para algunos de los conspiradores. Pero la generalización es muy difícil de sostener.

-Participación de todos los interesados. Las teorías de la conspiración suelen dar por sentado que todos aquellos que tienen algo que ganar con la conspiración, participan en la conspiración.

Dice Pagés: “La cadena de protestas y actos vandálicos —perfectamente bien orquestados— replicados en varias partes del país demuestra que la desaparición y probable exterminio de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa forma parte de una trampa estratégicamente puesta a México. En esa trampa participan varios: el crimen organizado, grupos guerrilleros, agrupaciones sindicales como la Coordinadora de Maestros de Guerrero, mercenarios, anarquistas… y partidos políticos —tipo Morena— que apuestan a ganar con la desestabilización”.

Asumiendo que todos estos grupos tan disímiles valoran por igual la desestabilización, el hecho de que sea así no significa automáticamente que se unirán para obtener de manera coordinada la desestabilización. Esto es mala teoría social. De llegar, la inestabilidad los beneficiaría, participen o no en traerla. Por Olson sabemos que de esto se sigue que ninguno participará, o sólo el o los pocos que más se beneficien de este bien público. De forma más suave, lo menos que podemos decir es que del beneficio común no necesariamente se siguen que todos los potenciales beneficiarios participarán.

-El resultado es evidencia de la causa (técnicamente, “afirmar la consecuencia”). Muy cercano al anterior. Si x se beneficia con el evento A, y observamos el evento A, concluimos que x produjo A.

Dice Pagés: “Basta mirar la firma de Andrés Manuel López Obrador en la puerta incendiada de Palacio —’Lárgate Peña…’— para entender sobradamente lo que está detrás de Ayotzinapa”.

Supóngase que al Vizconde le encanta el guacamole. Si de él dependiera, todos los días servirían guacamole en el comedor. Y sirven guacamole. Conclusión: el Vizconde hizo que se sirviera guacamole. La falacia aquí es que la intervención del Vizconde es  sólo una de las posibles causas para servir ese plato. Con la mera observación del guacamole no podemos excluir esas otras causas.

López Obrador viene pidiendo la renuncia de Peña Nieto desde el día siguiente de la elección presidencial, y ciertamente se beneficiaría de ella. Pero de eso no se sigue que López Obrador está detrás de cada acción en la que se pide la renuncia de Peña. Tal vez a algunos priistas les resulte difícil de creer, pero  detrás de esa demanda puede haber muchas causas, muchas.

Bueno, no pueden ser tantas...

-Los súper conspiradores. Los anteriores casos se trataban  de falacias: argumentos con estructura viciada. Pero las teorías de la conspiración suponen, adicionalmente, capacidades de control y previsión que quedan fuera de las capacidades de humanos normales. En las teorías de la conspiración, los conspiradores controlan todo lo que es necesario controlar y anticipan cada una de las posibilidades que es necesario anticipar. En estas teorías, ninguna voluntad se les opone y el azar no forma parte de los eventos. Son teorías del Plan Perfecto.

No se les habrá escapado que Pagés afirma que la propia masacre de los normalistas “forma parte de una trampa estratégicamente puesta a México”. La expresión es ambigua, lo que permitiría a su autora desdecirse, en caso de necesidad. Pero en un comentarista usualmente más contenido como es Sergio Sarmiento queda más claro este aspecto de la teoría de la conspiración. Sarmiento se pregunta:

“¿quién mandó a los novatos a Iguala y cuál era su propósito? ¿Qué tanto sabía de las posibles consecuencias de esa aventura? ¿No pensó que el presidente municipal tomaría medidas para enfrentar un reto como éste? ¿O mandó a los jóvenes precisamente porque sabía el riesgo que corrían?”

Y casi que responde: “Dicen que todo movimiento político necesita mártires. El hecho es que el movimiento de Ayotzinapa, antes limitado a una pequeña normal rural en un pueblo cercano a Chilpancingo, es hoy bandera de revolucionarios en México y el mundo gracias a sus 43 mártires. ¿Era eso lo que buscaba quien mandó a los jóvenes a su trágico destino?”

En esta lógica, se asume de los conspiradores: 1) Que, de alguna forma, se beneficiarían con la matanza. 2) Que tienen control sobre los normalistas, como para “mandarlos”. 3) Que sabían, con gran precisión, cómo iba a reaccionar el presidente municipal. Ojo, los Abarca eran conocidos criminales, al parecer, pero tampoco había muchos motivos para esperar que ordenasen una masacre 4) Que, a diferencia de otras matanzas a gran escala por el narcotráfico, esta sí iba a tener consecuencias de largo alcance y desestabilizadoras para el gobierno nacional. Todo esto nos exige presumir en los conspiradores una capacidad sobrenatural de control sobre los eventos y de previsión de las consecuencias de dichos eventos y de su reacciones en cadena.

¡Y es sólo una parte de mi poder!

-Culpable por asociación. Volviendo a las falacias, la operación por la que todos los conspiradores pertenecen a la misma bolsa funciona así: A quiere desestabilizar al país y demanda justicia para las víctimas. B, como A, demanda justicia para las víctimas. Entonces,  B quiere desestabilizar al país.

Esta es la forma en la que las teorías de la conspiración son más abiertamente paranoicas y comienzan a ver enemigos en  todas partes. Las protestas han adquirido un tono muy antigubernamental y, en algunos casos, ciertos individuos han recurrido a la violencia. Esto les basta a Pagés y a Alazraki para llamar a todos los movilizados “violentos” y “delincuentes”. Quienes acusan al Estado de los crímenes no cometen un error de diagnóstico (como en lo personal me parece), sino que son parte del plan desestabilizador. Criticar al procurador te hace parte de un “engranaje de perversidad” del que forman parte también los estudiantes del IPN porque… pues porque le hacen la vida difícil al gobierno. El asunto es que no existe una relación de necesidad entre la violencia de ciertos manifestantes, el uso de la libertad de expresión, el diagnóstico errado o no, la crítica al gobierno y otros conflictos paralelos. De ahí la falacia.

El presidente Peña Nieto se sumó alegremente (bueno, más bien bastante enojado) a este último aspecto de la teoría de la conspiración: aquí sugiere que los recientes cuestionamientos a la casa que su esposa compró son parte de un “afán orquestado por desestabilizar”.

Comienzan cuestionando el origen de tus billetes y lo próximo que sabes es que ya valió madres el proyecto de nación

A los políticos les viene bien el uso de las teorías de la conspiración: son explicaciones que parecen sensatas y te ponen del lado de los buenos contra los malos, que son más poderosos y operan más allá de las apariencias. Peña Nieto no es el primer político mexicano que recurre a esto: López Obrador construyó una carrera política presentándose como el adversario de una gran conspiración.

Pero sí hay una diferencia. López Obrador no es presidente, y no tiene mando sobre las fuerzas armadas. Si un líder de la oposición se pone paranoico, lo peor que puede pasar es esto:

En cambio, si el presidente se pone paranoico, tu peor escenario se ve más o menos así:

Pero si empiezan a llegar los zombies, ya no se ve tan distinto...

Las teorías de la conspiración son, como explicaciones, deficientes, y hasta tontas. Eso no implica que no puedan ser peligrosas.

“¡Pero ahora tengo un puestazo!”

Aunque se usen “datos duros”, el uso de la evidencia es falaz porque es selectivo. En este caso, no se toma en cuenta, por ejemplo, que de los seis estados que en 2011 tenían el menor número de homicidios por habitante, cinco eran gobernados por el PRI. ¿Qué ocurre? Algo muy sencillo, pero políticamente poco rentable (para el PAN): el PRI gobierna muchos estados. Si se divide a los estados en grupos por cualquier criterio, en cualquiera de esos grupos lo más probable es que la mayoría de los estados esté gobernada por el PRI.

Esta forma de presentar la información es muy propia de la política y se encuentra en todas partes. En Estados Unidos esto se ha dado de manera muy interesante. En buena medida porque muchos miembros del Partido Republicano  han adoptado posturas abiertamente oscurantistas, el Partido Demócrata se presenta a sí mismo como el bando de la racionalidad y la ciencia. Más aún, desde el famoso discurso de Bill Clinton en septiembre de 2012, en la nominación de Obama como candidato presidencial,  la izquierda norteamericana ha adoptado un discurso en el que se demuestra científicamente que los republicanos apestan.

“¡Me llamaron loco! ¡Se burlaron de mí! ¡Pero Carter fue el mejor presidente!”

Aquí un ejemplo. La página politicususa publica una nota con el encabezado  ”Study Finds the Majority Of The Worst States To Live In Are Controlled By Republicans”. Se refieren a un estudio de la OCDE que no hace para nada eso: elabora un índice de bienestar que toma en cuenta indicadores de ingreso, ambientales, salud, seguridad, empleo, y demás. El estudio presenta el valor de estos indicadores no sólo para distintos países, sino que también para los 50 estados que componen a los Estados Unidos. La OCDE no “encuentra” absolutamente nada relacionado con el partido que controla los estados. Son los muchachos de politcus quienes notan que, de los 10 estados con menor valor en el índice, 7 son controlados por el GOP. Por supuesto, acompañan su hallazgo de un comentario apoyado por la certeza que dan los datos duros: “It is logical that states controlled by a political party that believes in redistributing wealth to the rich would have widespread poverty, but it is the devastating consequences of these policies on the quality of life for the people who live there that get often overlooked”.   Pero ¿y qué pasa con los 10 estados con mayor bienestar? Es más, si se tiene información de los 50 estados, ¿no sería apropiado usar toda la información? Pues no, únicamente se discuten estos 10 casos. ¿Les suena familiar?

“La lógica es impecable”

Para la totalidad de los estados, el índice de bienestar tiene en promedio un valor de 62.8. Los 29 estados bajo control republicano presentan en promedio un valor de 61.3; los 29 restantes tienen en promedio 64.8. La diferencia, de 3.5 puntos no es significativa desde el punto de vista estadístico.

Este comentario sobre los mismos datos, tal vez por no estar políticamente motivado,  da con un patrón más relevante: los estados con menor valor en el índice tienden a concentrarse en el sur del país. En estos estados habita una enorme proporción de electores blancos, pobres y rurales, que suelen favorecer al partido Republicano. Claramente, este perfil de elector se asocia con bajos niveles de bienestar que, plausiblemente, son independientes a las acciones del partido republicano.

Si quisiéramos establecer el efecto del GOP sobre el bienestar, lo más apropiado no es analizar quién gobierna en los estados con menor bienestar. Es mejor comparar  el bienestar de los estados gobernados por republicanos con el bienestar de estados gobernados por demócratas o independientes con perfiles de electores similares. Por ejemplo: el electorado de un estado en el que el candidato republicano gana por un voto es necesariamente igual al electorado de un estado en el que el candidato republicano pierde por un voto. Si entre esos estados la diferencia del bienestar es importante, posiblemente tal diferencia se pueda imputar al partido en el gobierno. La siguiente gráfica ordena a los 50 estados por la diferencia entre el voto del candidato a gobernador republicano y el candidato con más votos entre el resto (generalmente un demócrata, pero no siempre). Cuando la diferencia es negativa, el republicano perdió (línea roja). Si es positiva, el republicano es gobernador (línea verde). Las líneas de la gráfica representan el nivel medio de bienestar para los estados en cada nivel de votación. Los casos de interés son aquellos en los que la diferencia es alrededor de 0. Esta técnica se conoce como “regresión discontinua”.

El análisis es exploratorio, y los resultados serían más precisos con más información, pero de manera provisional el panorama parece muy claro. En la gráfica se percibe una ligera discontinuidad en la zona de interés: en esta zona, en promedio los estados republicanos tienen un nivel de bienestar inferior en 3.7 puntos al promedio de los estados no republicanos. Esta diferencia es pequeña, y no significativa.

Si participas en el debate político y tienes un preferido claro, tu partido te hace un gran favor si te proporciona “evidencia” que muestra cómo votar por ese partido es la única opción razonable para cualquiera que tenga una dosis mínima de decencia y sentido común. Por el contrario, si lo que te interesa es saber como operan realmente las cosas, tal vez encuentres que ni aún el Partido de la Ciencia es una fuente confiable de análisis imparcial.

La prohibición de reelección inmediata para legisladores se estableció en 1933 y fue una medida orientada a fortalecer a la dirigencia central del Partido Nacional Revolucionario a costa del poder de los liderazgos locales. A partir de entonces, fue uno de los pilares del control del presidente sobre su mayoría legislativa, como notó J. Weldon.

La reelección legislativa no es popular: en 2013 registró el rechazo del 60% de la población. Desde el ethos antipolítico tan predominante, la objeción a la reforma dice algo así como: “de por sí apestan en su trabajo, ¿y todavía los vas a premiar con la reelección?”. En realidad, la idea es dar a los electores herramientas para castigar a sus representantes si consideran que hicieron un mal trabajo. El castigo es no reelegirlos. Más aún: como los legisladores saben que, si no se comportan a gusto de los electores de su distrito, no permanecerán en el puesto, cabe esperar que se anticipen al potencial castigo haciendo todo lo posible para obtener la aprobación de los electores. Entonces, la reelección no sólo otorga al elector un instrumento de castigo, sino que constituye un incentivo para el buen desempeño de los legisladores. Ojo: “buen desempeño” es aquel que los electores del distrito del diputado o diputada en cuestión consideren apropiado. De hecho, en cada votación, los legisladores y legisladoras tendrían que tomar en cuenta si seguir la línea partidista los pondrá o no en malos términos con sus electores. Si ese es el caso, se espera que rompan con el partido (a menos que puedan negociar una compensación para sus distritos). Entonces, un segundo efecto esperado es una menor disciplina partidista en las votaciones, que en la actualidad es muy alta.

Esa es la idea general. Sin embargo, de inmediato surgen motivos para matizar nuestras expectativas. La primera es que, más en general, la reelección induce a los legisladores a comportarse conforme a los deseos de quien decidirá sobre su futura reelección. En los distritos donde se compite por mayoría, ese alguien es la mayoría electoral. Sin embargo, la cámara de diputados se integra también por 200 diputados que se eligen por el método de representación proporcional en listas cerradas. En el sistema de listas cerradas, los electores votan por partidos, no por personas, y las personas que obtienen los puestos son las que ocupan los primeros lugares de las listas. En estos casos, si yo soy legislador y deseo garantizar mi reelección, haré todo lo posible por quedar bien con quien sea que decida sobre el lugar que ocuparé en la lista en la próxima elección. Ese alguien no es el electorado, quien vota por un partido, sino el liderazgo partidista. Entonces, para quienes ocupan puestos por representación proporcional, de hecho cabe esperar un reforzamiento de la disciplina partidista.

Por otro lado, se ha destacado que con la reforma los partidos retienen un enorme control sobre las candidaturas, lo que limita su efecto aún para el caso de los legisladores electos en los distritos por mayoría (aquí una opinión un tanto extrema). Efectivamente, cuando un legislador o legisladora tenga que decidir  entre molestar a sus electores o a su dirigencia, sin duda sabrá que, si confronta a los primeros, tal vez no lo reelijan, pero si fastidia al liderazgo del partido, tal vez ni siquiera llegue a obtener la candidatura. De hecho, si su partido le niega la candidatura, la ley le prohibe presentarse a reelección por otro partido o como independiente.

Más ampliamente, la alta orientación hacia el electorado que se nota entre los legisladores de Estados Unidos no sólo se debe a la posibilidad de reelección. Tanto o más importante es el sistema de elecciones primarias abiertas, en las que cualquiera puede postularse sin que la dirigencia pueda impedirlo. Esto hace que el legislador en funciones únicamente deba preocuparse por la posibilidad de que un competidor le quite el puesto si lo hace mal. El competidor puede ser de otro partido, en distritos competidos. Pero incluso en distritos seguros, donde siempre gana el mismo partido, el competidor puede ser interno en primarias. Entonces, la limitación en México proviene de un problema más amplio que las salvaguardias legales específicas, y se refiere al déficit de democracia interna de los partidos.

Para hacernos una idea más sistemática de cómo queda el sistema electoral mexicano con esta reforma, tomando en cuenta las limitaciones mencionadas, hice un ejercicio de medición de la personalización de la representación a partir del trabajo clásico de Carey y Shugart (1995). En este artículo se propone un método claro para evaluar el grado en que los políticos electos buscarán satisfacer a sus electores en lugar de a la dirigencia partidista. La orientación de los políticos hacia los electores será mayor en la medida en que el voto se deposite más por una persona que por un partido. Esto, a su vez, depende del grado en que exista competencia entre los miembros de un mismo partido. Supóngase el sistema de representación proporcional con listas cerradas como el usado en México para escoger a 200 de los 500 diputados o el argentino. Los electores votan por una lista, y toda la información que requieren la pueden obtener de lo que saben sobre los partidos políticos, sin necesidad de prestar atención a los nombres. En cambio, si la lista es abierta, como en Panamá o la República Dominicana, los electores no sólo votan por la lista, sino que depositan su voto por una persona en la lista, y los candidatos obtienen los asientos en función del número de votos individuales que reciban. Si esto es así, los candidatos deben distinguirse también con respecto a sus compañeros de partido, y los atributos personales cuentan mucho más. Entonces, las listas cerradas tienen el menor grado de personalización. Y mientras mayor sea el número de escaños o puestos distribuidos en un distrito (i.e., la magnitud de la circunscripción), menos importa la persona. En cambio, cuando hay competencia interna, a mayor número de escaños, mayor personalización.

Siguiendo estas reglas, asigné un valor a cada uno de los sistemas electorales de América Latina usados para elegir la cámara única o la cámara baja, según el caso. Cuando no hay reelección, el nivel de personalización es igual a 0, porque no hay ningún incentivo para orientarse hacia los electores del distrito. A partir de ahí, la personalización crece según el grado de competencia interna que fomenta el sistema electoral (más detalles en la nota al final del post). Los datos están disponibles aquí.

La siguiente gráfica muestra el nivel de personalización para cada país. Se muestra el valor actual para México (Mexico hoy), que es de cero, así como el que tendrá en 2018 para la fracción que se elige por representación proporcional (Mexico1) y la que se elige por el principio de mayoría (Mexico2). El mismo criterio de utilizar dos valores se sigue para las otras cámaras bajas que eligen a sus miembros por principios distintos: Bolivia, Panamá y Venezuela.

En la gráfica destaca en primer lugar el valor extremo de la cámara baja de Brasil. Este valor extremo fundamentalmente dos propiedades: 1) Elección por listas abiertas en circunscripciones relativamente grandes. 2) Si un diputado electo decide presentarse a reelección, su partido no se lo puede impedir (a eso le llaman “candidato nato” allá). Esto último es importante. Como en México, el partido como tal retiene la candidatura, pero el liderazgo carece de disuasivos para un diputado que se niegue a seguir la línea. Por esto, Brasil tiene el mayor nivel de personalización de los legisladores. A fin de que las diferencias entre el resto de los países sean más claras, se reproduce la misma gráfica, excluyendo a Brasil.

Los sistemas electorales parecen corresponder a tres grupos. En el de alta personalización estarían Uruguay, República Dominicana y Brasil. Una aclaración: bajo el sistema de lemas uruguayo, no se vota por personas, pero sí existe un patrón de competencia interna porque se presentan varias listas por partido, entre las que eligen  los electores. A continuación, tenemos un segundo grupo de personalización media. Todos estos países tienen listas abiertas como Brasil y la República Dominicana, pero la magnitud media de las circunscripciones es reducida (Chile, la parte que se elige por listas en Panamá) o bien los electores pueden votar por más de una persona, lo que reduce la personalización (Honduras y Ecuador).

Finalmente, el grupo más numeroso está formado por los países que obtienen un valor de 1 o menos en el índice. Por la forma en que se construye el índice, el 1 es el valor que se obtiene en elecciones por mayoría simple en distrito uninominales (y reelección), sin democracia interna. Es el caso de la parte mayoritaria de México, Bolivia y Panamá. El índice arroja valores menores a 1 cuando se trata de distritos plurinominales con listas cerradas, y se aproxima a cero a medida que aumenta la magnitud media de la circunscripción. Así, la personalización de la parte de la cámara de diputados mexicana que se elige por representación proporcional es de 0.16, debido a que se trata de listas cerradas en distritos de magnitud  muy grande (40). De hecho, es la personalización más baja en la lista. Esto, insistimos, se debe a que el sistema de listas cerradas prácticamente no ofrece incentivos para orientarse hacia el electorado. Nótese que si Costa Rica permitiese la reelección, dado su sistema de listas cerradas, adquiriría también un valor de personalización muy bajo (0.35).

Si quisiésemos evaluar la personalización global de toda la cámara para los sistemas segmentados, una posibilidad es ponderar el valor de cada segmento por la proporción de diputados que se eligen por cada principio. Procediendo de esta forma, el nivel de personalización de la cámara de diputados de México como un todo sería de 0.66, dejándolo en el grupo de baja personalización:

En conclusión, se puede decir que la reforma que permite la reelección legislativa introduce un elemento de orientación de los legisladores hacia los electores que antes estaba ausente, de manera inexcusable. Sin embargo, para efectos prácticos, este nivel de personalización es el mínimo. Esto se debe a las limitaciones a la competencia al interior de los partidos que provienen de 1) las listas cerradas y 2) la falta de democracia interna.

Elevar la democracia interna de los partidos con un sistemas de primarias abiertas como el norteamericano incrementaría la personalización global del sistema de 0.66 a 6.06, valor igual al del sistema Panameño. Esto, por supuesto, se antoja difícil, pues garantizar elecciones democráticas, transparentes y abiertas requeriría posiblemente un conjunto muy amplio de reformas. Una solución menos complicada (en sentido operativo) sería introducir el sistema de listas abiertas, con el que el nivel de personalización global de la cámara sería de 13.25 (el valor más alto después de Brasil).

Un comentario final. El sistema binominal chileno es muy atacado, especialmente por la izquierda. No extraña, porque subrepresenta a partidos pequeños como es el caso del Partido Comunista. Por esta propiedad, se lo ha acusado de poco representativo. Sin embargo, si la representatividad es baja cuando se trata de partidos, la representatividad de los electores es alta, dado el elemento de personalización introducido por el voto preferencial. Como el valor de M es bajo, esto se logra sin dejar sin herramientas a los liderazgos partidistas. Varias de estas propiedades las tiene también el sistema panameño. Posiblemente estos  sean realmente los sistemas que combinan lo mejor de dos mundos.

Nota sobre el índice de Personalización: Carey y Shugart construyen un ranking de los sistemas electorales a partir de las siguientes características: 1) control de la dirigencia sobre el acceso a la candidatura y posición en la lista, 2) grado en el que se vota por personas y no partidos y 3) si se dispone de uno o varios votos. El ranking así construido es ordinal y los autores no asignan valores numéricos. Existen 13 niveles posibles de personalización. El nivel más bajo corresponde al sistema de listas cerradas. En este ejercicio, se asignó un valor de R=1 a este nivel, de R=2 al siguiente y así hasta llegar a R=13. Adicionalmente, añaden una cuarta características que es la magnitud de la circunscripción (M), que se comporta de manera diferencial: si hay competencia interna, la personalización aumenta con M; si no hay competencia interna, la personalización se reduce con M. Para los autores, el sistema de mayoría simple en circunscripciones uninominales equivale a uno de listas cerradas, pero con M=1. No presentan fórmulas que indiquen exactamente cómo  se da esta relación, así que procedí a multiplicar el valor del ranking por la raíz cuadrada de la magnitud de la circunscripción donde hay competencia interna, y dividir el valor del ranking por la raíz cuadrada de la magnitud de la circunscripción donde no hay competencia interna. Más formalmente, el índice de personalización P se obtiene P=R*[M^(D/2)], donde D es igual a 1 si hay competencia interna y a -1 cuando no hay competencia interna. Se usa la raíz de la magnitud para suavizar su efecto sobre el índice cuando los valores de M son muy altos. Nótese que, para los sistemas de mayoría simple en sistemas uninominales sin democracia interna, R=1, M=1 y D=-1. De ahí que P=1.

La información de los sistemas electorales de América Latina proviene de aquí. El lugar de Uruguay en el ranking es asignado explícitamente por Carey y Shugart. En Colombia, las listas son abiertas si así lo desean los partidos, lo que es un chiste, así que lo clasifiqué como lista cerrada.

Y no es para menos. El salario mínimo vigente es de 67.29 pesos diarios, y a todos nos debería quedar claro que un orden social que tiene a gente viviendo con ese ingreso es, sencillamente, inaceptable.

De acuerdo con datos del INEGI, en la actualidad (segundo trimestre de 2014), 6,651,707 personas tienen un ingreso de hasta 1 salario mínimo, y otras 12,070,231 tienen un ingreso de entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto representa, respectivamente, el 13.35% y el 24.23% de la población ocupada.

Muchos analistas se han quedado en este aspecto del debate, el ético. No es que esté mal, sólo que, en lo personal, la mayoría de las veces no parece aportar mucho a lo que ya intuíamos. Por eso, resulta especialmente interesante el artículo recientemente publicado en Animal Político, firmado por José Merino y Eduardo Fierro. La estrategia argumentativa del  artículo es mostrar que una de las razones para elevar el monto del salario mínimo es que éste resulta bajo no sólo en términos absolutos, sino incluso para el nivel de riqueza del país. Para esto, comparan el valor del salario mínimo de 113 países con respecto al PIB per capita nacional. El tratamiento de la información y la seriedad del análisis son muestra de por qué Animal Político es de los mejores blogs de política del país, así como del profesionalismo de sus colaboradores.

[Otro de los valores del trabajo es que, hasta donde puedo ver, los autores realizan las transformaciones necesarias de los datos para hacerlos comparables y ponen la base de datos a disposición del público. En una sociedad en donde la gente suele ser bastante roñosa con la información, esto es una práctica que debería ser emulada por todos]

Una vez presentada la información, los autores concluyen: “México, como mostramos, tiene uno de los salarios mínimos comparativamente más bajos del mundo”. Este diagnóstico es compartido por el semanario The Economist, que califica a México como un outlier. El uso de este término, de hecho, empata bastante con la técnica utilizada por Merino y Fierro para llegar a esta conclusión tan sombría. Sin embargo, me parece que los autores incurren en una interpretación muy literal, y en última instancia, incorrecta, de los resultados de su análisis.

Veamos. Reproduzco aquí la gráfica presentada en el artículo, comparando el salario mínimo de 133 países según el valor de su PIB per cápita. Tanto el salario mínimo como el PIB están presentados en paridad de poder de compra (PPP). El lugar ocupado por México está destacado con color rojo.

La línea verde de la gráfica (la línea de regresión) indica el valor esperado del salario mínimo anual dado el valor del PIB per capita. Como se puede ver, el valor que efectivamente presenta México, el valor observado, está poder debajo de ese valor esperado. Más propiamente, según la línea de regresión, a un nivel de PIB per capita como el de México, de 15,886.717 dólares (PPP),  corresponde un salario mínimo de 6,348 dólares (PPP) anuales. En cambio, el valor del salario mínimo de México es de $2,360.6 dólares (casi 4 mil dólares por debajo).

Ahora bien, para evaluar si hay algo excepcional con un valor particular, no basta con señalar su distancia con respecto al valor esperado, y de hecho hay que evitar interpretaciones normativas relativas a la línea de regresión (ya no se diga expresiones como que tal país “debería tener” tal salario, según su PIB per capita). La línea de regresión es un “valor esperado” desde el punto de vista de un modelo probabilístico. ¿Esto qué quiere decir? Se asume que la variable dependiente (el salario mínimo) es una variable aleatoria, que puede adquirir distintos valores para cada valor de la variable independiente (el PIB per capita). Esos valores para cada nivel de la variable independiente tienen una media y una varianza. El valor de la línea de regresión es la media o promedio correspondiente a un valor dado de la variable independiente (por eso llamada, “media condicional”). Es decir, se trata de un “valor esperado” en el sentido estadístico: un promedio.

En la gráfica, la línea verde aparece contorneada por un área gris. Los bordes de esa área indican los extremos (el intervalo) de los valores posibles del valor esperado o media del salario mínimo (condicional al valor del PIB per capita). Una vez más, la idea que subyace a ese intervalo es la incertidumbre correspondiente a los modelos estadísticos, y los extremos del intervalo (al 95% de confianza) indican los extremos de los valores posibles que puede adquirir la media condicional. Este intervalo de confianza corresponde a la línea de tendencia o de regresión, es decir, a la línea que describe al conjunto de los casos.

Para juzgar si un caso particular es o no outlier, necesitamos otro tipo de intervalo, conocido como el intervalo de la predicción. Supongamos que se me presenta un nuevo caso del que sólo conozco el valor del PIB per capita (digamos, 15,886.717 dólares) y tuviera que hacer una predicción sobre el valor que tendrá su  salario mínimo. Si mi predicción fuese 6,348 dólares, sería tanto como afirmar que en mis datos no existe dispersión alrededor de la línea de regresión; o sea, que todos están sobre la línea, lo que a todas luces no es cierto. Por eso, las predicciones para los casos se hacen dentro de un intervalo: el indicado por el valor mínimo y el valor máximo de la distribución de la variable dependiente en un nivel dado de la variable independiente.

Por este motivo, el intervalo de confianza de la predicción toma en cuenta la varianza del error: es decir, el grado de dispersión de los datos alrededor del valor esperado. En cambio, el intervalo de confianza que aparece en la gráfica de arriba toma en cuenta la varianza del valor esperado. Es distinto.

Entonces, yo espero que el salario mínimo de este nuevo caso tenga algún valor intermedio entre los dos valores extremos del intervalo de confianza de la predicción, para ese nivel de PIB per capita. Dentro de dicho intervalo, el valor del salario mínimo está dentro de lo esperado. Si el salario mínimo estuviese fuera de ese intervalo (por encima o por debajo) tendría motivos para sorprenderme. Este es el criterio con el que se juzga si un caso es o no un outlier.

La gráfica de abajo es igual a la anterior, pero en vez del intervalo de confianza del valor esperado se presenta el intervalo de confianza de 95% de la predicción.

El punto rojo corresponde a México, y está claramente dentro del intervalo de confianza. Abajo muestro la misma gráfica, retirando las etiquetas indicadoras de todos los países, salvo México, para mayor claridad.

El valor de México está dentro del intervalo de predicción para cualquier país con el mismo nivel de  PIB per capita. Es decir, no es un genuino outlier. En cambio, Kuwait es un claro outlier, al igual que la República Checa. Incluso Rusia, con un salario mínimo superior al de México, es un caso claramente desviante (aunque México no lo sea), dado que está por debajo del intervalo de predicción correspondiente a su PIB per capita.

No quiero decir que el valor del salario mínimo en México no sea bajo. Únicamente afirmo que, según la técnica de análisis escogida, y dada la información disponible, el salario mínimo en México está dentro de lo que cabe esperar dado su nivel de ingreso per capita.

Dos notas. Una: Hice un par de ejercicios a fin de corregir los problemas de varianza del error que tiene la información. Uno fue retirar a Kuwait y otro fue usar la transformación logarítmica de las dos variables (que es lo que más aproxima a una situación de varianza constante del error). El salario mínimo de México sigue dentro del intervalo de confianza de la predicción.

La otra: José Merino comenta en Facebook que, usando el programa Clarify, se obtiene, para un ingreso per capita como el de México, el intervalo de confianza de 95% [5717.1, 7041.4]. Como el valor observado del salario de mínimo de México está fuera de ese intervalo, concluye, es un outlier. No es el caso, si se atiende al procedimiento usado por Clarify para obtener las estimaciones, queda claro que ese intervalo corresponde al del valor esperado y no al de la predicción (o, si se calcula el intervalo del valor esperado, se dará con valores próximos a los que arroja Clarify).

¿Qué cabe esperar de un incremento del salario mínimo?

El hecho de que el salario mínimo de México no sea atípicamente bajo no quiere decir que no haya que elevar su monto.

Sin embargo, también esto debe ser considerado con detenimiento. Si se llevara cabo la propuesta de Mancera de elevar el salario mínimo a 100 pesos diarios, se beneficiarían todos aquellos trabajadores cuyo ingreso es menor a 100 pesos… los trabajadores formales. Esto es importante. Mucha gente recibe un ingreso menor a 100 pesos diarios, pero me parece que el grupo de los benefiarios efectivos de elevar el salario mínimo a ese monto es reducido. Los trabajadores informales no están sujetos a la regulación laboral, por definición. No trabajan para empleadores cuyas nóminas sean revisadas por autoridades que sancionen el incumplimiento. Es decir, suba o baje el salario mínimo, su ingreso se queda igual.

De los trabajadores que perciben hasta un salario mínimo, el 93 por ciento está constituido por trabajadores informales. El grupo de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos tiene algunos potenciales beneficiarios (no podemos distinguir a los que ganan más de cien pesos de los que ganan menos). Aún así, de ellos, el 67% está constituido por trabajadores informales.

Entonces, los beneficiarios seguros de un incremento al salario mínimo serían los 456,501 trabajadores formales que ganan uno o menos salarios mínimos, y algunos de los 3,994,237 trabajadores formales que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso deja a 14,271,200 de esas categorías de ingreso sin atender.

En lo personal, me parece que, en vez de discutir medidas de alcance limitado y efectividad incierta, deberíamos evaluar formas certeras de beneficiar a la población más desprotegida. Por ejemplo, Oportunidades tiene 25 millones de beneficiarios, y sabemos con certeza que son los más pobres del país. Sin embargo, en el mejor de los casos, la transferencia no llega a los dos mil pesos mensuales. Elevar el monto de Oportunidades tendría mayores consecuencias sobre el bienestar de los más pobres que el incremento del salario mínimo, cuyo valor borda en lo meramente simbólico. Evidentemente, no son medidas que se excluyen mutuamente, pero veo muchos recursos políticos y analíticos invertidos en la que, cabe esperar, tendría menor impacto en el grupo cuyo bienestar, supuestamente, nos preocupa tanto.

Estos son los comandos aplicados para el análisis internacional del salario mínimo

Con este comando se obtuvieron los datos de trabajadores por nivel de ingreso y ocupación en el sector informal. Se usa la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, trimestre II de 2014, base de variables sociodemográficas.

PS. El ejercicio de estandarizar el salario mínimo puede ser un poco escabroso, según entiendo. Aunque los procedimientos estén impecablemente realizados, es posible que no se tenga una medida exacta del poder adquisitivo del salario mínimo en términos comparables. Si fuese el caso, tendríamos una término de error aleatorio en la variable dependiente. Esto impacta en la magnitud de la dispersión de los valores observados con respecto al valor esperado. Si este error es de magnitud relativamente considerable, podría argumentarse que, con una medición más precisa del salario mínimo, el valor de México resultaría un outlier. Por supuesto, esto es altamente especulativo. No tenemos forma de saber.

Lo que le preocupa a Gargarella es el grado en que los jueces pueden obligar a las autoridades electas (situadas en las ramas ejecutiva y legislativa) a hacer valer los derechos sociales de la misma forma en que hacen valer, por ejemplo, la vigencia de los derechos civiles.

Expone que, cuando fundamentan sus decisiones sobre derechos sociales, los jueces recurren a uno de dos enfoques: el enfoque de democracia pluralista y el de democracia populista. Él mismo propone un tercer enfoque, el de la democracia deliberativa, que, a su entender, tiene una relación con los derechos sociales que los otros dos enfoques no tienen.

Tal y como lo expone Gargarella, el enfoque de la democracia pluralista es incompatible con la judicialización de los derechos sociales. En este enfoque, los jueces deben respetar la voluntad del pueblo tal y como esta se expresa en la Constitución. Pero, para el enfoque pluralista, la Constitución no es necesariamente el documento escrito vigente, sino una “Constitución originaria” cuyo objetivo es impedir la opresión de unos sobre otros, incluyendo (o, para Gargarella, principalmente) la opresión de la mayoría sobre la minoría. La Constitución originaria promueve el individualismo y es contrario al activismo del estado, que va de suyo cuando hablamos del reforzamiento de derechos sociales Por lo tanto, si un juez se apoya en el enfoque pluralista, se sigue que no obligará a la autoridad a hacer valer estos derechos.

El otro enfoque es el de la democracia populista. En éste, los jueces también tienen la obligación de respetar la voluntad del pueblo, pero esta  voluntad no se halla en la Constitución, sino en las decisiones que el pueblo expresa democráticamente, por ejemplo, cuando elige a las autoridades. En este sentido, los jueces no pueden anular resultados democrático. Ellos deben aplicar la voluntad del legislador, no modificarla o interpretarla. La democracia populista valora la participación activa de los ciudadanos y sostiene que su prerrequisito es una sociedad igualitaria. Por eso, la democracia populista valora los derechos sociales. Sin embargo, los preceptos de la propia democracia populista son usados para no obligar a la autoridad a reforzar los derechos sociales: si el legislador democrático (más bien, el pueblo a través suyo) no actúa en favor de los derechos sociales, el juez no puede imponer su opinión sobre el proceso democrático.

Nótese que aquí no existe la incompatibilidad del anterior enfoque. Bien planteado, lo que tenemos aquí es que no basta el enfoque populista para obtener derechos sociales. Es necesario un enfoque populista más la acción de las autoridades electas. Pero si éstas no actúan, los jueces no pueden obligarlas.

Por último, tenemos la democracia deliberativa. Gargarella la define por dos atributos: 1) las decisiones deben ser tomadas tras un proceso de discusión colectiva, en el que 2) deben participar todos los potencialmente afectados por dicha decisión. La amplia intervención colectiva es una condición necesaria para que la decisión sea imparcial. La revisión judicial puede servir para garantizar que el proceso deliberativo sea el apropiado. En particular, a Gargarella le parece importante corregir o prevenir las distorsiones en la deliberación generadas por grupos privados minoritarios con poder desproporcionado.

El punto importante es la relación entre este enfoque y los derechos sociales. El argumento no es muy distinto al de la propia democracia populista. Tales derechos son una precondición de una participación libre e igualitaria en la deliberación: “la ausencia de políticas públicas destinadas a poner en prácticas los derechos sociales dificulta el involucramiento político de las personas con más desventajas, y por tanto mina el valor total del proceso democrático” (p. 22).

A continuación, presenta casos en los que la corte mandató el reforzamiento de los derechos sociales (Sudáfrica, Colombia, India), sin interferir en el proceso democrático.

Aquí comienzan mis objeciones. Gargarella no proporciona la más mínima evidencia de que entre la democracia deliberativa y los derechos sociales existe una relación distinta a la que tienen los otros enfoques. Por “evidencia”, no me refiero a evidencia empírica. Es un artículo teórico, por lo que me refiero a cómo está construido el argumento. Pero empecemos por los casos. Si Gargarella tiene razón, entonces el hecho de que existan casos en los que se obliga al gobierno a hacer efectivos los derechos sociales es indicativo de que no subyace unn enfoque pluralista (incompatible en sí con los mismos derechos sociales). También me indica que no subyace un argumento populista, pues los jueces no estarían obligando a las autoridades electas a llevar a cabo acciones que no realizaron por sí mismas. Y nada más. De estos casos no puedo concluir nada sobre la relación de los derechos sociales con el enfoque deliberativo.

Gargarella indica que estos casos únicamente muestran que los jueces pueden intervenir en favor de los derechos sociales sin minar la democracia. Concediendo que es así, de todas formas nos falta completar el argumento relacionando a la democracia deliberativa con los derechos sociales de una forma que no existe en los otros dos enfoques. La diferencia con el enfoque pluralista es clara, pues este enfoque no acepta la posibilidad de un estado que intervenga en el resultado de los intercambios de mercado. El enfoque populista, al igual que el deliberativo, ve los derechos sociales como una precondición de la democracia. Su problema es que un juez conservador puede negar la judicialización de los derechos sociales apelando a los principios de la democracia populista.

Y este es el meollo del asunto. Gargarella nunca argumenta que esto no podría pasar bajo el enfoque deliberativo. Si existiera el argumento podríamos decir que, donde hay un enfoque deliberativo, una consecuencia es la judicialización de los derechos sociales. Sin embargo, es fácil imaginar un argumento deliberativo para no reforzar derechos sociales. A) Los derechos sociales implican redistribución B) La redistribución requiere transferencias de riqueza. C) La democracia deliberativa requiere la discusión colectiva con participación de los afectados con las decisiones. Bajo un enfoque deliberativo, no se puede obligar a la autoridad a reforzar los derechos sociales sin un proceso deliberativo previo que involucre a los potenciales afectados con la transferencia de riqueza. Entonces, la corte puede incluso mandatar el inicio de la discusión, pero no puede mandatar la transferencia en sí misma. Por supuesto, se trata de una minoría, y de una minoría poderosa cuya influencia se quiere limitar. Pero, bajo un argumento deliberativo, se le debe dar la oportunidad de participar en un diálogo y presentar un argumento. Entonces, si se recurre a un enfoque deliberativo, puedes tener como resultado derechos sociales, o no. Exactamente igual que con el enfoque populista.

Una alternativa sería mostrar que la judicialización de los derechos sociales sólo puede provenir de cualquiera de los tres enfoques expuestos, y de ningún otro. Entonces, si se prueba que, cuando observamos derechos sociales judicializados no subyace un enfoque pluralista ni populista, el argumento necesariamente debe ser deliberativo. Tampoco se procede por este camino. Gargarella no muestra que no existen otros enfoques de democracia posibles. Por eso, si observamos derechos judicializados, podría haber detrás un enfoque deliberativo, u otro no considerado.

De hecho, existe un teorema de economía política, que es un extensión del teorema del elector mediano, según el cual, si se tiene una democracia electoral, se sigue que habrá una  redistribución del ingreso que será proporcional al grado de desigualdad en la sociedad. Esto es una propiedad del mecanismo electoral, y hace irrelevante al poder judicial (para efectos de los derechos sociales). Que esta asociación se dé o no en los hechos es una cuestión empírica, pero a nivel lógico la asociación teórica es consistente. Esto no se puede decir de la asociación entre democracia deliberativa y derechos sociales.

Me puse a buscar la información a fin de presentarla en mi clase de métodos como ejemplo de correlación espuria; es decir, es altamente probable que exista un tercer factor que sea causante tanto del consumo de chocolate como de la cantidad de premios Nobel en un país determinado.  A este factor habría que imputarle la asociación observada entre el consumo de chocolate y la cantidad de premios Nobel, y no a que estos dos últimos tengan un vínculo directo.

Éste es precisamente el argumento  de esta crítica al artículo que comentamos. En particular, se sostiene que ese tercer factor es el nivel de desarrollo, que presumiblemente se relaciona con el consumo de bienes de lujo como con la disposición de recursos altamente calificados. Se afirma que, efectivamente, tras controlar por el ingreso per cápita, la asociación entre consumo de chocolate y cantidad de premios Nobel se hace no significativa.

Lamentablemente, el post no presenta los resultados de ese ejercicio. En principio, me sonó un poco raro, pues las diferencias de desarrollo entre los países de la muestra no parecen tan dramáticas. Sin embargo, y aún pensando en mi clase, reuní la información para ver cómo desaparecía esa significancia.

Efectivamente, la asociación simple entre PIB per cápita y premios Nobel no es menor.

El siguiente paso es modelar el número de premios Nobel como una función tanto del consumo de chocolate como del ingreso per cápita. Para mi sorpresa, sucedió exactamente lo contrario de lo afirmado por el comentarista antes citado: lo que desaparece es la significancia del PIB per cápita, mientras que el consumo de chocolate se mantiene significativo al 1%.

En el panel de abajo, la gráfica de la izquierda se muestra la asociación entre cantidad de premios Nobel y PIB per cápita una vez descontada la asociación del consumo de chocolate con ambos. En la gráfica de la izquierda, está la asociación entre cantidad de premios Nobel y consumo de chocolate, tras descontar la asociación del PIB per cápita con cada uno.

Por supuesto, esto no es para afirmar que hay un vínculo causal desde el chocolate hacia el Nobel. El estudio argumenta que el consumo de chocolate mejora la función cognitiva, lo que a la vez nos lleva a la obtención del Nobel. En lo que el crítico mencionado tiene razón es que estamos frente a un caso de “falacia ecológica”: de los datos a nivel agregado no podemos concluir la validez de una explicación que opera a nivel de individuos.

Sin embargo, una vez descartado el candidato más viable a fungir como factor confusor, el papel del chocolate se hace más enigmático. Podría existir un factor confusor distinto al PIB per cápita, pero otra posibilidad es que el chocolate aquí esté jugando el papel de proxy: es decir, que no sea el consumo de chocolate en sí mismo el que tiene relación con la cantidad de premios Nobel, sino otra variable, tal vez de naturaleza institucional, que resulta que está muy correlacionada con el consumo de chocolate. En esa variable hipotética podría estar una de las claves de la investigación de excelencia.

Entonces, ¿con qué se correlaciona el chocolate? Se aceptan sugerencias. Por lo pronto, yo los dejo, pues toda esta plática me dio un poco de hambre.

Una práctica muy común es comparar los resultados de países que se consideran similares en algún aspecto relevante, como el nivel de desarrollo, a fin de evitar conclusiones absurdas o desproporcionadas. En esta práctica de comparar países de “la misma liga”, resulta natural observar las diferencias entre los países latinoamericanos.

El siguiente cuadro presenta el puntaje para los países de América Latina que participaron en la prueba. La primera fila corresponde al lugar que ocupan en una lista de 62 países observados.

El rango de las puntuaciones obtenidas por estos países es de magnitud considerable: los 55 puntos de diferencia entre Chile y Perú equivalen a una desviación estándar de la distribución correspondiente a todos los países. Es muy probable que estas diferencias den pie a análisis evaluando el éxito o fracaso de los sistemas educativos latinoamericanos en función de sus resultados en PISA.

Sin embargo, es difícil establecer si la diferencia entre Chile y México, por ejemplo, o entre México y Uruguay es realmente importante. Tal vez no lo sea mucho. La media de la puntuación para los 62 países es de 470.7 puntos, muy superior a la puntuación de Chile, el países mejor posicionado. Esto también se refleja en el lugar tan bajo que tienen los países en el total.

Comparar a los países similares es un principio correcto, pero que debe ser llevado a cabo sin perder de vista el panorama general. Más allá de las similitudes idiomáticas, culturales, regionales y de historia común, la comparación de países latinoamericanos se funda en el nivel de desarrollo, que es un factor que suponemos muy relacionado con los niveles de logro educativo. La siguiente gráfica muestra la relación entre el PIB per capita de los países en 2011, en PPP de 2005 y el resultado en matemáticas de la prueba PISA.

La gráfica muestra que, efectivamente, un mayor valor del PIB per capita se asocia positivamente con el resultado en la prueba. Sin embargo, esta asociación es más pronunciada para los niveles bajos del ingreso: para países relativamente pobres el incremento en el PIB per capita tiene un efecto muy alto, mientras que para niveles de ingreso alto este efecto es considerablemente más moderado.

Para dar cuenta de esta propiedad, la siguiente gráfica presenta la relación entre el PIB per capita en unidades logarítmicas y el resultado en matemáticas. Ahora, en la gráfica se identifica a los países por tres letras relacionadas con su nombre. Adicionalmente, los países de América Latina son destacados con un punto rojo. La linea verde indica el valor esperado del logro en matemáticas para cada nivel de ingreso per capita. El ajuste, como puede verse, es muy alto.

La gráfica muestra que ninguno de los ocho países de América Latina, en sí mismo, representa una excepción. Todos ellos se ubican en el cuadrante correspondiente a bajo ingreso y bajo nivel de logro. En este sentido, las diferencias entre ellos no parecen ser muy importantes. De hecho, como grupo, destaca que todos los países latinoamericanos están por debajo del logro esperado a partir del ingreso. Aunque ninguno en lo individual está fuera del intervalo de confianza de 95%, pertenecer a Latinoamérica se asocia con una reducción de 57 puntos en la puntuación de PISA, descontando el efecto del ingreso per capita.

Entonces, como grupo el desempeño latinoamericano es malo y, en lo individual, de ninguno de los países evaluados, ni los que tienen puntuaciones más altas, se puede decir que tienen un nivel de logro distinto al que cabría esperar dado su (bajo) ingreso. En este sentido, yo en lo personal no sacaría conclusiones muy arriesgadas basado en las diferencias de logro entre estos países.

¿Existen casos similares a los de América Latina y con los que se podría hacer una comparación provechosa? Bueno, históricamente, es claro el caso de Corea, que hasta finales de los 90 tenía niveles de ingreso similares a los de México, Brasil y Argentina y ya aparecía en los primeros lugares mundiales de logro académico.

Para los resultados de 2012, en la gráfica se destaca claramente el resultado de Vietnam. Con 511 puntos, en el listado general puede pasar desapercibido porque, aunque su posición es muy respetable (lugar 15) no está en sitios que llaman más la atención, como el 10 por ciento más alto.

Ahora bien, en la gráfica es evidente que Vietnam está muy por encima de lo que cabría esperar dado su nivel de ingreso. Aunque éste es menor que el de todos los países de América Latina, su resultado es superior en 88 puntos al de Chile. De hecho, con un ingreso de $3,359 US dlls., su puntuación en PISA corresponde a un PIB per capita de $ 47,115 US dlls. (justo entre Hong Kong y Luxemburgo). Entonces, más que Chile y México, Vietnam podría tener mucho qué decir sobre el logro educativo a países no desarrollados.

Espero que los analistas noten este caso y lo comenten a profundidad. Vietnam y Qatar son los únicos países que aparecen fuere del intervalo de confianza de 95%. (Qatar por malas razones. De hecho, es el país con el ingreso per capita más alto del mundo, y su logro académico está muy por debajo).

Vietnam es un país que ha emprendido una serie de reformas económicas muy en la línea del modelo Chino, presentando una aceleración notable del crecimiento desde 1980. Más recientemente, su sistema educativo pasó por una reforma muy importante. Ésta parece haberse centrado en cambios en la currícula, aunque incluyó también la introducción de mecanismos de evaluación de los profesores. Para acceder a secundaria, los estudiantes hacen un examen. La calidad de la escuela a la que ingresen depende de sus resultados.

Dejemos de lado que Dresser no nota la ironía de criticar a los “comentócratas” cuando se gana la vida, construye su reputación y genera influencia fundamentalmente expresando su opinión.  No reparemos, también, que comete el severo error de confundir al intelectual con el experto o el especialista (Gabriel Zaid, otro intelectual, tenía más clara la diferencia). Lo central es, ¿de verdad los intelectuales tienen un monopolio de las ideas o de lo que sea?

En mi diccionario, tienes un monopolio cuando un productor domina el mercado. En principio, los intelectuales, como indica el plural, son un friego. No hay algo así como un productor único. Habrá quien diga que estos intelectuales tienen el monopolio de la opinión porque sólo ellos tiene acceso a los medios de comunicación. Bueno, eso es como afirmar que todos los que tienen una parcela tienen el monopolio del jitomate. Si hay competencia, no hay monopolio.

Ahora, aunque haya muchos intelectuales, la analogía con el monopolio puede salvarse si todos comparten la misma opinión, pues para efectos prácticos, es como si opinara una sola persona. Algo así ocurría en la época dorada del PRI, cuando había un rango estrecho de opiniones permitidas. ¿Será que pasa algo así en la actualidad, en el país de los monopolios? Me da la impresión de que usted, como consumidor de opiniones, tiene una amplia variedad para escoger la que más le guste.

Es obvio que, contra lo que dice Dresser, hay tantos críticos al gobierno como apologetas por vocación. Mucha gente lee columnas de opinión para encontrar una confirmación de las propias ideas, tal vez expresadas de manera más estructurada. En ese caso, si usted busca que los fines más nobles y el hartazgo ciudadano sean articulados en un lenguaje reiterativo, endulzado y hasta cursi, pues puede leer  a la propia Dresser. En cambio, si usted se ubica a la derecha y quiere pensar que sus opiniones tienen un fundamento técnico, con frases de alto impacto pero escaso contenido, diríjase a la columna de Luis Rubio.

Pero tal vez usted busque algo más que la reiteración de lo que ya opina. Tal vez quiera leer columnas que presentan las ideas desde una perspectiva original y rigurosa, elaboradas con oficio y que nos den algo nuevo en qué pensar, aunque no se comparta en general la ideología del autor. José Antonio Crespo y Sergio Sarmiento son buenos ejemplos.

Tal vez a usted no se le da el argumento sutil, las ideas rebuscadas, la inteligencia aguda, o los argumentos, las ideas y la inteligencia en lo absoluto. Tiene usted lo que necesita en Jalife-Rahme. En cambio, para quienes disfrutan el argumento irrebatible y la ironía fina, ahí está Fernando Escalante.

También existe una gran variedad en calidad, porque expresar la opinión es un oficio con reglas. Tenemos a quienes escriben a la rápida lo que en ese momento les dicta el humor y el poco tiempo, como Carlos Marín, y quienes cultivan el oficio como un arte, aspirando a la perfección. Creo que sigue siendo ejemplar Miguel Ángel Granados Chapa.

Trato de mencionar gente con la que yo no tengo trato, para que no parezca personal. Sin embargo, me parece que el punto es claro. Hay una enorme variedad de intelectuales que ofrecen una gran pluralidad de productos. Como consumidores, no podemos quejarnos. Es más, ojalá y hubiera más mercados con la variedad y competencia que ofrece el mercado de las opiniones. Es lo opuesto a un monopolio.

Por otro lado, confundir a los intelectuales con especialistas es actualmente un error. La indiferenciación de estas figurs corresponde a una época de bajo desarrollo de las disciplinas sociales, cuando una opinión técnica y una opinión a secas no eran muy distintas.

Los intelectuales son productores de opiniones, y la sociedad compra las que considera apropiadas. A mi juicio, Dresser está mostrando un descuido con la calidad de su producto que sólo se puede permitir un monopolista.