Esto no siempre fue así. De hecho, a principios de los noventa el sistema más frecuente era el de mayoría simple, pero distintos países fueron abandonándolo en favor del sistema de mayoría absoluta. El argumento más socorrido en favor de esta reforma es que el presidente electo por al menos la mitad más un voto cuenta con mayor legitimidad. Siempre me ha irritado este argumento. En primer lugar, me fastidia que se tome por autoevidente, y que se tomen decisiones sobre su base, sin que nos molestemos en averiguar si empíricamente funcionan así las cosas. En segundo lugar, me repatea que se vea la relación entre segunda vuelta y legitimidad como si se diera por arte de magia. ¿Por qué contar necesariamente con el voto de más de la mitad de los electores implica mayor legitimidad? Al postular esta relación hay una serie de supuestos implícitos que deberían ser expuestos para poder ser discutidos.

Me dispuse entonces a mostrar como falsa la hipótesis de la segunda vuelta y la legitimidad. El procedimiento para ello consiste en reconstruir el razonamiento por el que cabría esperar semejante asociación. Una vez conseguido esto, debemos establecer qué cosas deberíamos observar empíricamente si el razonamiento es correcto. Entonces, resulta que las elecciones por segunda vuelta crean una legitimidad que que las elecciones por mayoría simple no crean. La primera pregunta es, ¿entre quiénes? ¿entre todos los electores? No parece. Quienes votan por el ganador en la primera y en la segunda ronda claramente lo tienen como su preferido entre las alternativas. No es de esperarse que este grupo lo apoyaría menos bajo un sistema de mayoría simple. Quienes no votaron por el ganador en ninguna de las dos vueltas presentan una situación análoga, pues estos no hicieron sino reiterar su rechazo por el ganador y cabe esperar de ellos un nivel de apoyo bajo. No hay razón para esperar que apoyen una alternativa que consideran mala sólo porque es la más votada por otros.

Esto nos deja con un tercer grupo: quienes votaron por el ganador en la segunda ronda, pero no en la primera. ¿Qué podemos decir de las preferencias de este grupo? En primer lugar, que no tienen tan buena opinión del ganador como la que tiene el primer grupo, pues su comportamiento en la primera vuelta revela que habrían preferido a otra persona ocupando la presidencia. A la vez, su opinión sobre el ganador no es tan mala como la que tiene el segundo grupo, puesto que revelan preferir al ganador que a la alternativa presentada en la segunda vuelta. Este grupo es crucial para la hipótesis sobre segunda vuelta y legitimidad.

Supongamos que el apoyo al presidente es, en parte, una función del lugar que ocupa el gobernante en las preferencias de los electores. Si esto es así, el nivel de apoyo mostrado por el grupo crucial tendría que estar en algún lugar intermedio entre el mostrado por el primer y el segundo grupo. Pero supóngase que el hecho de votar por el ganador en la segunda vuelta hace una diferencia. Por ejemplo, creando un sentimiento de identificación del elector hacia el candidato por el que vota. Si esto es así, deberíamos observar que el apoyo de nuestro grupo crítico se aproxima al mostrado por quienes votaron dos veces por el ganador, y se aleja de quienes no votaron en ninguna ronda por él. Nótese que, si esta teoría es correcta, el nivel de apoyo así conseguido no existiría en las elecciones por mayoría simple, dado que quienes no votan por un candidato en la segunda ya no tienen oportunidad para crear esta identificación.

Entonces, sabemos qué debemos observar si la teoría que vincula elecciones por segunda vuelta con legitimidad es falsa y qué debemos observar si la teoría es correcta. Analicé los datos de la encuesta LAPOP levantada en Perú en el año 2008. La gráfica que se muestra a continuación presenta la probabilidad (o más bien, la distribución de las probabilidades posibles) de que el gobierno del presidente Alan García sea evaluado como “muy malo”, “malo”, “ni bueno ni malo” y “Bueno o muy bueno”. La estimación proviene de un modelo logístico ordinal en el que se controla por otros determinantes de la evaluación del desempeño. Las probabilidades son calculadas para tres grupos: quienes votaron por García en las dos vueltas en las elecciones de 2006, quienes votaron por un candidato distinto en las dos vueltas, y el grupo crítico, formado por quienes votaron por García únicamente en la segunda vuelta.

Los resultados, contra mi expectativa, son consistentes con la teoría que vincula elecciones por segunda ronda con legitimidad. En todas las evaluaciones, el comportamiento del grupo crítico es igual al de quienes votaron en ambas rondas por García y distinto al de quienes no votaron por él en ninguna. Entonces, al menos para el caso de Perú en 2008, el sistema de mayoría absoluta por doble ronda incrementa el apoyo a la presidencia.

El documento con el estudio completo será publicado en la revista Colombia Internacional, en el número correspondiente al primer semestre de 2013.

En este documento me pregunto qué pasa cuando cualquier institución de control acusa a un político específico, digamos, de incurrir en actos de corrupción. ¿Qué ocurre con la reputación de dicho político? En el modelo pongo en juego dos cuestiones. El ciudadano que recibe la información puede tener ideas previas sobre el carácter del político acusado que informan un juicio previo sobre la probabilidad de que ese político cometa el tipo de actos de los que se le acusa. Los políticos carismáticos generan la sensación de que esta probabilidad es baja. Asimismo, el ciudadano tiene un juicio sobre el grado en el que las instituciones son o no imparciales en su actuar.

Del modelo se desprende que, para que un ciudadano considere que un político acusado es un político que efectivamente abusa de su poder, es necesario que las instituciones sean creíbles (es decir, tenidas por imparciales) no en términos absolutos, sino en mayor grado que el político acusado (lo que es una función de su popularidad). Entre las implicaciones de este hecho, destacan dos: 1) un político impopular verá perjudicada su reputación aún si instituciones relativamente parciales lo acusan de hechos sin fundamento; 2) un político popular puede ser acusado con fundamento por instituciones relativamente creíbles, y no verá perjudicada su imagen pública.

En el trabajo obtengo una puntuación de dos dimensiones para 117 democracias de todo el mundo. Se dirá que para qué, si mi objetivo se refiere a América Latina. Pues precisamente por eso. Diversos investigadores y sabelotodos afirman que la democracia en América Latina es baja. El sabelotodo ni siquiera toma mediciones. Pero incluso cuando se toman, ¿con qué base afirmamos esto si únicamente tomamos medidas de América Latina?

Una de las dimensiones de la calidad de la democracia, que yo llamo, de control de los gobernantes, está formada por indicadores de estado de derecho, control de corrupción, independencia judicial, respeto a derechos individuales y circulación de periódicos. La otra dimensión, la de participación/oposición, se compone de indicadores de participación electoral, organizaciones sociales y fuerza (equilibrada) de la oposición.  (A diferencia de varias investigaciones, no incluyo indicadores sustantitvos y de desempeño al medir este concepto por razones que explico aquí).

La siguiente gráfica muestra cómo se distribuyen todos los países en ambas dimensiones. Los de América Latina son distinguidos por un código de tres letras. En cada una de las dimensiones, el cero representa la media de los 117 de países, por lo que la ubicación de país es fácilmente interpretable en términos de puntuación mayor o menor a la media.

Atendiendo al conjunto, la impresión de que las democracias de la región son de baja calidad tiene validez parcial. En la dimensión de poder controlado, 16 de 19 democracias latinoamericanas tienen niveles inferiores a la media. Es decir, en esta dimensión el mal desempeño caracteriza al subcontinente. En cambio, si atendemos a la dimensión de participación/oposición, el panorama es más equilibrado, con 12 países con puntuaciones por encima de la media. Por último, se destaca que en el cuadrante con puntuaciones altas (superiores a la media) en las dos dimensiones están los sospechosos comunes: Chile, Costa Rica y Uruguay, que consistentemente aparecen como las democracias de mayor calidad en la región.

Este concepto tiene una carga normativa ineludible. Hablar de democracias de distinta calidad implica afirmar que algunas democracias son mejores que otras. Para hacer esta distinción, tenemos que apelar a algún parámetro normativo del que se puede argumentar, pero de ninguna forma demostrar, su deseabilidad universal. La noción de calidad de la democracia alude a que las democracias varían en el grado en que maximizan algún valor, y es imposible esperar que haya acuerdo universal sobre qué valor o valores debe promover al democracia.

Ahora bien, sea cual sea el valor escogido para definir y medir la calidad de la democracia, la carga valorativa no impide realizar juicios sobre la validez de los indicadores utilizados, pues este juicio es de carácter formal y no depende del contenido. Eso es precisamente lo que hago. Mi argumento principal se compone de las siguientes afirmaciones:

• Descomponer el concepto de calidad de la democracia en diversas dimensiones parece más apropiado que asimilarlo con un sólo indicador.
• De entre las definiciones multidimensionales existentes, las que aluden únicamente a aspectos procedimentales son más apropiadas que las definiciones sustantivas (i.e., que incluyen en las mediciones aspectos relaciones con los resultados y el desempeño).
• Las definiciones procedimentales deberían incluir indicadores relativos a los problemas de información asimétrica entre gobernantes y gobernados, problemas distintos de los regímenes democráticos.

Aquí el texto.

Vale la pena abundar sobre la segunda de las afirmaciones arriba mencionadas. Ésta se apoya en dos razones. La primera es que condicionar el nivel de calidad de la democracia a la obtención de ciertos resultados de carácter social es contrario al carácter abierto del proceso democrático, que en principio deja en la mayoría electoral la decisión sobre si estos objetivos deben o no ser perseguidos.

La segunda razón me parece que tiene mayor peso. Si hacemos que las dimensiones procedimental y resultados sean parte del mismo concepto de calidad de la democracia, corremos el riesgo de resolver por definición lo que en sí puede ser una hipótesis interesante. (De hecho, éste es un riesgo que siempre está latente al definir conceptos en forma multidimensional).

Los procedimientos democráticos pueden variar en el grado en que orientan a los tomadores de decisiones a atender los intereses o preferencias de los electores. Si llamamos a estas variaciones calidad de la democracia, cabe esperar que las democracias de mayor calidad sean precisamente las que presentan mejores resultados en términos sociales. Realicé un ejercicio empírico que presento en la gráfica de abajo. Constituye evidencia preliminar en apoyo de esta hipótesis. En el eje horizontal utilizo un índice de calidad de la democracia elaborado con criterios estrictamente procedimentales (y comentado en el documento). Mayores niveles de calidad de la democracia en 18 países de América Latina están asociados con menores niveles de pobreza.

Por supuesto, es muy pronto para sacar conclusiones aceptablemente firmes. En particular, un problema será descartar causalidad inversa: bien puede ser que los países más prósperos puedan pagarse instituciones de mayor calidad. Pero aún siendo así, se trata de otra hipótesis, tan razonable como la primera. Para evaluarlas, lo más conveniente es mantener mantener calidad de la democracia y resultados como conceptos separados.

Los temas comentados incluyen la actualización de la propia teoría de las transiciones a la democracia, el desempeño institucional y la calidad de la democracia, los procesos de reforma constitucional, la gobernanza y el famoso “giro a la izquierda”. En todos los caso me limito a exponer hallazgos y perspectivas. Es decir, ofrezco lo que se llama un panorama. Espero que lo encuentren interesante, pero advierto a quien busque posiciones polémicas o posturas firmes que posiblemente sea decepcionado.

Aprovecho para incluir una fe de erratas. No tengo idea en qué estaba pensando cuando dije que la tercera hola inicia en América Latina con la transición en Uruguay de 1978. El dato es erróneo: debí haber dicho Ecuador. Quien note otro error y me lo haga saber tendrá mi agradecimiento.

Un valor añadido: el trabajo de edición es genial, superior al que nos tienen acostumbrados en la academia. En particular, las gráficas quedaron espectaculares (para las fuentes, consultar la versión en pdf).

Ver sesión sobre democracia en América Latina.