Esto no siempre fue así. De hecho, a principios de los noventa el sistema más frecuente era el de mayoría simple, pero distintos países fueron abandonándolo en favor del sistema de mayoría absoluta. El argumento más socorrido en favor de esta reforma es que el presidente electo por al menos la mitad más un voto cuenta con mayor legitimidad. Siempre me ha irritado este argumento. En primer lugar, me fastidia que se tome por autoevidente, y que se tomen decisiones sobre su base, sin que nos molestemos en averiguar si empíricamente funcionan así las cosas. En segundo lugar, me repatea que se vea la relación entre segunda vuelta y legitimidad como si se diera por arte de magia. ¿Por qué contar necesariamente con el voto de más de la mitad de los electores implica mayor legitimidad? Al postular esta relación hay una serie de supuestos implícitos que deberían ser expuestos para poder ser discutidos.

Me dispuse entonces a mostrar como falsa la hipótesis de la segunda vuelta y la legitimidad. El procedimiento para ello consiste en reconstruir el razonamiento por el que cabría esperar semejante asociación. Una vez conseguido esto, debemos establecer qué cosas deberíamos observar empíricamente si el razonamiento es correcto. Entonces, resulta que las elecciones por segunda vuelta crean una legitimidad que que las elecciones por mayoría simple no crean. La primera pregunta es, ¿entre quiénes? ¿entre todos los electores? No parece. Quienes votan por el ganador en la primera y en la segunda ronda claramente lo tienen como su preferido entre las alternativas. No es de esperarse que este grupo lo apoyaría menos bajo un sistema de mayoría simple. Quienes no votaron por el ganador en ninguna de las dos vueltas presentan una situación análoga, pues estos no hicieron sino reiterar su rechazo por el ganador y cabe esperar de ellos un nivel de apoyo bajo. No hay razón para esperar que apoyen una alternativa que consideran mala sólo porque es la más votada por otros.

Esto nos deja con un tercer grupo: quienes votaron por el ganador en la segunda ronda, pero no en la primera. ¿Qué podemos decir de las preferencias de este grupo? En primer lugar, que no tienen tan buena opinión del ganador como la que tiene el primer grupo, pues su comportamiento en la primera vuelta revela que habrían preferido a otra persona ocupando la presidencia. A la vez, su opinión sobre el ganador no es tan mala como la que tiene el segundo grupo, puesto que revelan preferir al ganador que a la alternativa presentada en la segunda vuelta. Este grupo es crucial para la hipótesis sobre segunda vuelta y legitimidad.

Supongamos que el apoyo al presidente es, en parte, una función del lugar que ocupa el gobernante en las preferencias de los electores. Si esto es así, el nivel de apoyo mostrado por el grupo crucial tendría que estar en algún lugar intermedio entre el mostrado por el primer y el segundo grupo. Pero supóngase que el hecho de votar por el ganador en la segunda vuelta hace una diferencia. Por ejemplo, creando un sentimiento de identificación del elector hacia el candidato por el que vota. Si esto es así, deberíamos observar que el apoyo de nuestro grupo crítico se aproxima al mostrado por quienes votaron dos veces por el ganador, y se aleja de quienes no votaron en ninguna ronda por él. Nótese que, si esta teoría es correcta, el nivel de apoyo así conseguido no existiría en las elecciones por mayoría simple, dado que quienes no votan por un candidato en la segunda ya no tienen oportunidad para crear esta identificación.

Entonces, sabemos qué debemos observar si la teoría que vincula elecciones por segunda vuelta con legitimidad es falsa y qué debemos observar si la teoría es correcta. Analicé los datos de la encuesta LAPOP levantada en Perú en el año 2008. La gráfica que se muestra a continuación presenta la probabilidad (o más bien, la distribución de las probabilidades posibles) de que el gobierno del presidente Alan García sea evaluado como “muy malo”, “malo”, “ni bueno ni malo” y “Bueno o muy bueno”. La estimación proviene de un modelo logístico ordinal en el que se controla por otros determinantes de la evaluación del desempeño. Las probabilidades son calculadas para tres grupos: quienes votaron por García en las dos vueltas en las elecciones de 2006, quienes votaron por un candidato distinto en las dos vueltas, y el grupo crítico, formado por quienes votaron por García únicamente en la segunda vuelta.

Los resultados, contra mi expectativa, son consistentes con la teoría que vincula elecciones por segunda ronda con legitimidad. En todas las evaluaciones, el comportamiento del grupo crítico es igual al de quienes votaron en ambas rondas por García y distinto al de quienes no votaron por él en ninguna. Entonces, al menos para el caso de Perú en 2008, el sistema de mayoría absoluta por doble ronda incrementa el apoyo a la presidencia.

El documento con el estudio completo será publicado en la revista Colombia Internacional, en el número correspondiente al primer semestre de 2013.

En este documento me pregunto qué pasa cuando cualquier institución de control acusa a un político específico, digamos, de incurrir en actos de corrupción. ¿Qué ocurre con la reputación de dicho político? En el modelo pongo en juego dos cuestiones. El ciudadano que recibe la información puede tener ideas previas sobre el carácter del político acusado que informan un juicio previo sobre la probabilidad de que ese político cometa el tipo de actos de los que se le acusa. Los políticos carismáticos generan la sensación de que esta probabilidad es baja. Asimismo, el ciudadano tiene un juicio sobre el grado en el que las instituciones son o no imparciales en su actuar.

Del modelo se desprende que, para que un ciudadano considere que un político acusado es un político que efectivamente abusa de su poder, es necesario que las instituciones sean creíbles (es decir, tenidas por imparciales) no en términos absolutos, sino en mayor grado que el político acusado (lo que es una función de su popularidad). Entre las implicaciones de este hecho, destacan dos: 1) un político impopular verá perjudicada su reputación aún si instituciones relativamente parciales lo acusan de hechos sin fundamento; 2) un político popular puede ser acusado con fundamento por instituciones relativamente creíbles, y no verá perjudicada su imagen pública.

Bueno, pues con datos de Latinobarómetro estimé, para cada país de América Latina, cuánto incrementa la probabilidad de voto por el partido en el gobierno cuando  el ciudadano o ciudadana aprueban la gestión del presidente en turno. Los resultados se muestran en la siguiente gráfica, en la que puede apreciarse que existe una gran variación. En algunas naciones, como Uruguay, Costa Rica, Bolivia y Panamá, la sensibilidad del voto a la evaluación del desempeño es muy alta. En cambio, en países como Perú, Paraguay, Guatemala y Colombia una buena evaluación de la gestión apenas se traduce en ganancia electoral para el partido en el gobierno.

Cabría esperar que, cuando la sensibilidad del voto al desempeño es alta, los gobernantes responden tomando decisiones que produzcan mayor aceptación social, lo que se traduciría a su vez en una mayor aprobación de la forma en que funciona el sistema de gobierno. No podemos evaluar directamente el tipo de decisiones que se toman ni qué tan aprobadas son éstas. Pero si la secuencia postulada es correcta, deberíamos observar que cuando la gente es más propensa a condicionar su voto a una buena evaluación del desempeño, la satisfacción del voto es mayor. Como puede verse en la siguiente gráfica, esta expectativa se cumple.

En el trabajo obtengo una puntuación de dos dimensiones para 117 democracias de todo el mundo. Se dirá que para qué, si mi objetivo se refiere a América Latina. Pues precisamente por eso. Diversos investigadores y sabelotodos afirman que la democracia en América Latina es baja. El sabelotodo ni siquiera toma mediciones. Pero incluso cuando se toman, ¿con qué base afirmamos esto si únicamente tomamos medidas de América Latina?

Una de las dimensiones de la calidad de la democracia, que yo llamo, de control de los gobernantes, está formada por indicadores de estado de derecho, control de corrupción, independencia judicial, respeto a derechos individuales y circulación de periódicos. La otra dimensión, la de participación/oposición, se compone de indicadores de participación electoral, organizaciones sociales y fuerza (equilibrada) de la oposición.  (A diferencia de varias investigaciones, no incluyo indicadores sustantitvos y de desempeño al medir este concepto por razones que explico aquí).

La siguiente gráfica muestra cómo se distribuyen todos los países en ambas dimensiones. Los de América Latina son distinguidos por un código de tres letras. En cada una de las dimensiones, el cero representa la media de los 117 de países, por lo que la ubicación de país es fácilmente interpretable en términos de puntuación mayor o menor a la media.

Atendiendo al conjunto, la impresión de que las democracias de la región son de baja calidad tiene validez parcial. En la dimensión de poder controlado, 16 de 19 democracias latinoamericanas tienen niveles inferiores a la media. Es decir, en esta dimensión el mal desempeño caracteriza al subcontinente. En cambio, si atendemos a la dimensión de participación/oposición, el panorama es más equilibrado, con 12 países con puntuaciones por encima de la media. Por último, se destaca que en el cuadrante con puntuaciones altas (superiores a la media) en las dos dimensiones están los sospechosos comunes: Chile, Costa Rica y Uruguay, que consistentemente aparecen como las democracias de mayor calidad en la región.

A mi amigo Benjamín Temkin le dará gusto saber que mis resultados le dan la razón en un debate que traemos él y yo desde hace tiempo: una vez que se modela la endogeneidad, el efecto de la identificación partidista sobre el voto es bastante menor al que parece a primera vista (y reportan las investigaciones que no toman en cuenta este problema).

Ahora bien, esto no quiere decir que la identificación partidista no importa en absoluto. En particular, parece ser que en contextos multipartidistas como el mexicano influye en la manera en que opera el voto de castigo. Para exponer este punto, recurro al panel que aparece abajo. En cada triángulo aparecen mil puntos que simulan resultados electorales posibles bajo determinadas condiciones. Las líneas dividen al triángulo en zonas en las que el candidato del vértice más próximo obtiene la mayoría simple de los votos. Así, los puntos situados en la zona superior representan elecciones simuladas en las que López Obrador es triunfador, mientras que los puntos de la zona inferior derecha indican elecciones simuladas en las que gana Felipe Calderón, el candidato del partido en el gobierno. En los tres triángulos, los resultados corresponden a una situación en la que todos los electores consideran que bajo el gobierno de Vicente Fox la economía nacional está mucho peor, y el efecto de la opinión sobre los candidatos es neutralizado. Lo único que cambia en cada gráfica es la identificación partidista.

En el panel a, todos los electores son independientes. Nótese cómo en prácticamente todos los resultados posibles el triunfo corresponde a la oposición, aunque parece ser que esta situación le da una ventaja al candidato del PRI. En el panel b, todos los electores se identifican con el PRD y, correspondientemente, es su candidato el que se beneficia del voto de castigo, resultando ganador en la mayoría de los resultados posibles. Por último, en el panel c, todos los electores son panistas: se destaca que no se puede decir quién será ganador en este caso. Aquí, la diferencia con los resultados anteriores es que el candidato del partido en el gobierno deja de ser un perdedor seguro, pues ya existe una considerable cantidad de resultados posibles en los que aparece como ganador.

Entonces, de nuestros resultados se desprenden dos conclusiones: 1) la identificación partidista determina qué partido de oposición saldrá beneficiado del voto de castigo (en contextos multipartidistas), y 2) en el caso del partido en el gobierno, la identificación partidista diluye los efectos adversos de los juicios retrospectivos negativos.

Este concepto tiene una carga normativa ineludible. Hablar de democracias de distinta calidad implica afirmar que algunas democracias son mejores que otras. Para hacer esta distinción, tenemos que apelar a algún parámetro normativo del que se puede argumentar, pero de ninguna forma demostrar, su deseabilidad universal. La noción de calidad de la democracia alude a que las democracias varían en el grado en que maximizan algún valor, y es imposible esperar que haya acuerdo universal sobre qué valor o valores debe promover al democracia.

Ahora bien, sea cual sea el valor escogido para definir y medir la calidad de la democracia, la carga valorativa no impide realizar juicios sobre la validez de los indicadores utilizados, pues este juicio es de carácter formal y no depende del contenido. Eso es precisamente lo que hago. Mi argumento principal se compone de las siguientes afirmaciones:

• Descomponer el concepto de calidad de la democracia en diversas dimensiones parece más apropiado que asimilarlo con un sólo indicador.
• De entre las definiciones multidimensionales existentes, las que aluden únicamente a aspectos procedimentales son más apropiadas que las definiciones sustantivas (i.e., que incluyen en las mediciones aspectos relaciones con los resultados y el desempeño).
• Las definiciones procedimentales deberían incluir indicadores relativos a los problemas de información asimétrica entre gobernantes y gobernados, problemas distintos de los regímenes democráticos.

Aquí el texto.

Vale la pena abundar sobre la segunda de las afirmaciones arriba mencionadas. Ésta se apoya en dos razones. La primera es que condicionar el nivel de calidad de la democracia a la obtención de ciertos resultados de carácter social es contrario al carácter abierto del proceso democrático, que en principio deja en la mayoría electoral la decisión sobre si estos objetivos deben o no ser perseguidos.

La segunda razón me parece que tiene mayor peso. Si hacemos que las dimensiones procedimental y resultados sean parte del mismo concepto de calidad de la democracia, corremos el riesgo de resolver por definición lo que en sí puede ser una hipótesis interesante. (De hecho, éste es un riesgo que siempre está latente al definir conceptos en forma multidimensional).

Los procedimientos democráticos pueden variar en el grado en que orientan a los tomadores de decisiones a atender los intereses o preferencias de los electores. Si llamamos a estas variaciones calidad de la democracia, cabe esperar que las democracias de mayor calidad sean precisamente las que presentan mejores resultados en términos sociales. Realicé un ejercicio empírico que presento en la gráfica de abajo. Constituye evidencia preliminar en apoyo de esta hipótesis. En el eje horizontal utilizo un índice de calidad de la democracia elaborado con criterios estrictamente procedimentales (y comentado en el documento). Mayores niveles de calidad de la democracia en 18 países de América Latina están asociados con menores niveles de pobreza.

Por supuesto, es muy pronto para sacar conclusiones aceptablemente firmes. En particular, un problema será descartar causalidad inversa: bien puede ser que los países más prósperos puedan pagarse instituciones de mayor calidad. Pero aún siendo así, se trata de otra hipótesis, tan razonable como la primera. Para evaluarlas, lo más conveniente es mantener mantener calidad de la democracia y resultados como conceptos separados.

Para averiguar hasta qué punto esta impresión es acertada, Mauricio Rivera y yo analizamos una muestra de 231 artículos de ciencia política publicados en Foro Internacional, Política y Gobierno y la Revista Mexicana de Sociología. De acuerdo con nuestros resultados, la CPM se caracteriza por (a) generar proposiciones descriptivas (68.8%), (b) emplear métodos cualitativos (91.8%), (d) orientarse al estudio de caso (73.6%) y (c) generar hipótesis por la vía inductiva (60% de los estudios causales). No encontramos evidencia de imitación del estilo norteamericano: sólo un 5 por ciento de lo artículos presentan conjuntamente un razonamiento deductivo y análisis cuantitativo.

Más allá de la discusión sobre la técnica de análisis de datos y la forma de generar hipótesis, la preocupación principal que resulta de nuestro análisis es: ¿qué tanto contribuye al conocimiento existente una comunidad dedicada casi exclusivamente a la descripción y la producción de monografías? ¿Qué validez tienen los resultados de estas investigaciones cuando sólo una tercer parte de ellos se basan en la comparación (cuantitativa o cualitativa)?

El reporte completo de la investigación será publicado en el primer número de 2011 de la revista Política y Gobierno.