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Blog de Rodrigo Salazar-Elena

Los políticos populares son inmunes a las acusaciones de corrupción

Como ciudadanos, uno de los males que quisiéramos evitar es la venalidad de los políticos. Los gobernantes ocupan posiciones que les dan acceso a recursos públicos, o al menos la oportunidad de obtener recursos a cambio de favorecer intereses privados. Para reducir la posibilidad de que ocurran estos vicios, las sociedades cuentan con instituciones de [...]

Como ciudadanos, uno de los males que quisiéramos evitar es la venalidad de los políticos. Los gobernantes ocupan posiciones que les dan acceso a recursos públicos, o al menos la oportunidad de obtener recursos a cambio de favorecer intereses privados. Para reducir la posibilidad de que ocurran estos vicios, las sociedades cuentan con instituciones de control, que pueden ser carácter gubernamental (contralorías, comisiones parlamentarias, poder judicial) o provenir de la misma sociedad (medios informativos, ONGs). Estas instituciones de control monitorean las acciones de los políticos y, eventualmente, señalan a políticos particulares de cometer abusos de poder con sus acciones.

En este documento me pregunto qué pasa cuando cualquier institución de control acusa a un político específico, digamos, de incurrir en actos de corrupción. ¿Qué ocurre con la reputación de dicho político? En el modelo pongo en juego dos cuestiones. El ciudadano que recibe la información puede tener ideas previas sobre el carácter del político acusado que informan un juicio previo sobre la probabilidad de que ese político cometa el tipo de actos de los que se le acusa. Los políticos carismáticos generan la sensación de que esta probabilidad es baja. Asimismo, el ciudadano tiene un juicio sobre el grado en el que las instituciones son o no imparciales en su actuar.

Del modelo se desprende que, para que un ciudadano considere que un político acusado es un político que efectivamente abusa de su poder, es necesario que las instituciones sean creíbles (es decir, tenidas por imparciales) no en términos absolutos, sino en mayor grado que el político acusado (lo que es una función de su popularidad). Entre las implicaciones de este hecho, destacan dos: 1) un político impopular verá perjudicada su reputación aún si instituciones relativamente parciales lo acusan de hechos sin fundamento; 2) un político popular puede ser acusado con fundamento por instituciones relativamente creíbles, y no verá perjudicada su imagen pública.




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