En estos momentos participo en dos proyectos sobre temas aledaños, ambos en etapas iniciales. Uno es sobre calidad de las elecciones y otro sobre calidad de la democracia en América Latina. Concibo ambos proyectos como una continuación de una evaluación previa que hice sobre distintas definiciones del concepto “calidad de la democracia”.
Este concepto tiene una carga normativa ineludible. Hablar de democracias de distinta calidad implica afirmar que algunas democracias son mejores que otras. Para hacer esta distinción, tenemos que apelar a algún parámetro normativo del que se puede argumentar, pero de ninguna forma demostrar, su deseabilidad universal. La noción de calidad de la democracia alude a que las democracias varían en el grado en que maximizan algún valor, y es imposible esperar que haya acuerdo universal sobre qué valor o valores debe promover al democracia.
Ahora bien, sea cual sea el valor escogido para definir y medir la calidad de la democracia, la carga valorativa no impide realizar juicios sobre la validez de los indicadores utilizados, pues este juicio es de carácter formal y no depende del contenido. Eso es precisamente lo que hago. Mi argumento principal se compone de las siguientes afirmaciones:
- Descomponer el concepto de calidad de la democracia en diversas dimensiones parece más apropiado que asimilarlo con un sólo indicador.
- De entre las definiciones multidimensionales existentes, las que aluden únicamente a aspectos procedimentales son más apropiadas que las definiciones sustantivas (i.e., que incluyen en las mediciones aspectos relaciones con los resultados y el desempeño).
- Las definiciones procedimentales deberían incluir indicadores relativos a los problemas de información asimétrica entre gobernantes y gobernados, problemas distintos de los regímenes democráticos.
Aquí el texto.
Vale la pena abundar sobre la segunda de las afirmaciones arriba mencionadas. Ésta se apoya en dos razones. La primera es que condicionar el nivel de calidad de la democracia a la obtención de ciertos resultados de carácter social es contrario al carácter abierto del proceso democrático, que en principio deja en la mayoría electoral la decisión sobre si estos objetivos deben o no ser perseguidos.
La segunda razón me parece que tiene mayor peso. Si hacemos que las dimensiones procedimental y resultados sean parte del mismo concepto de calidad de la democracia, corremos el riesgo de resolver por definición lo que en sí puede ser una hipótesis interesante. (De hecho, éste es un riesgo que siempre está latente al definir conceptos en forma multidimensional).
Los procedimientos democráticos pueden variar en el grado en que orientan a los tomadores de decisiones a atender los intereses o preferencias de los electores. Si llamamos a estas variaciones calidad de la democracia, cabe esperar que las democracias de mayor calidad sean precisamente las que presentan mejores resultados en términos sociales. Realicé un ejercicio empírico que presento en la gráfica de abajo. Constituye evidencia preliminar en apoyo de esta hipótesis. En el eje horizontal utilizo un índice de calidad de la democracia elaborado con criterios estrictamente procedimentales (y comentado en el documento). Mayores niveles de calidad de la democracia en 18 países de América Latina están asociados con menores niveles de pobreza.
Por supuesto, es muy pronto para sacar conclusiones aceptablemente firmes. En particular, un problema será descartar causalidad inversa: bien puede ser que los países más prósperos puedan pagarse instituciones de mayor calidad. Pero aún siendo así, se trata de otra hipótesis, tan razonable como la primera. Para evaluarlas, lo más conveniente es mantener mantener calidad de la democracia y resultados como conceptos separados.
1elasticity…
…