Blog de Mario Torrico

1. En Venezuela el Poder Judicial (claramente oficialista) cierra el Legislativo y se asigna la atribución de legislar. La comunidad internacional denuncia un golpe de estado. Todos nos acordamos de Fujimori.
2. Al día siguiente Maduro corrige al Poder Judicial. Si había alguna duda de que no existe independencia de poderes ya desapareció.
3. En Paraguay la derecha y la izquierda se unen para aprobar la reelección presidencial (les conviene a Cartes y a Lugo), nombran una directiva del Congreso paralela y cuando están a punto de lograrlo los sectores descontentos invaden y queman la sede legislativa. Hay muertos y heridos. El presidente denuncia una conspiración para generar violencia, pero no dice nada de su propuesta reeleccionista.
4. En Colombia la derecha uribista convoca a una marcha en contra de la corrupción (!!). Miles salen en varias ciudades al mismo tiempo que hay inundaciones y muerte en Putumayo. Entre ellos está uno de los principales sicarios de Pablo Escobar (Popeye), quien además se declara defensor de la democracia y en su cuenta de Twitter se dice activista por los derechos humanos https://twitter.com/Popeye_leyenda/status/848225090877706242
5. En Bolivia Evo Morales inaugura una obra que es esperada hace más de 50 años y que solucionará el problema del agua en Cochabamba. 2 horas después las tuberías se rompen porque no resisten la presión. Las pérdidas son millonarias. El gobierno central y el municipal se echan la culpa. Cochabamba sigue sin agua. Evo se fue a Cuba sin decir nada.
6. Hoy es la segunda vuelta presidencial en Ecuador. Predigo que en la noche empezarán las denuncias de fraude. El conteo será lento y estaremos nerviosos un par de días.
7. Y yo que pensaba que Trump era la mayor amenaza para la región.

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Courtesy of teachthought where I learned https://writemypaper4me.org/ about this work.

El 18 de diciembre de 2005, Evo Morales Ayma fue elegido presidente de Bolivia con un apoyo electoral de más del 50%, un resultado histórico para la democracia de ese país. Así finalizaron 3 años de una profunda crisis política en la que hubo tres presidentes, decenas de muertos y elecciones anticipadas….

Descargar el resto en: Evo_una década en el poder
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A fines de la década del noventa del siglo pasado inició una etapa política en América Latina conocida como “el giro a la izquierda”, que se caracterizó por el triunfo electoral de candidatos presidenciales que criticaron intensamente las políticas económicas de apertura de mercados, privatización y minimización del rol del Estado en la economía que habían sido aplicadas en los países de la región. En varios casos, esos candidatos construyeron, además, un discurso que identificaba a los partidos y al funcionamiento del sistema político como los responsables de que la población permanezca sumergida en la pobreza.

El giro a la izquierda inició en Venezuela en 1998 con el triunfo de Hugo Chávez y se propagó por la mayoría de los países latinoamericanos durante la década siguiente (con excepciones como México, Colombia y Honduras). Los rasgos comunes de esos gobiernos fueron un mayor involucramiento del Estado en la economía y mayores niveles de gasto social respecto al periodo anterior, en la búsqueda de la inclusión socioeconómica de sectores desfavorecidos. En varios casos también se impulsaron reformas que tenían el principal objetivo de ampliar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, y que aprobaron medidas como la iniciativa legislativa ciudadana, el referéndum y el referéndum revocatorio para autoridades.

Pero los gobiernos de izquierda latinoamericanos también mostraron diferencias importantes. En unos casos buscaron el control político y la concentración de la autoridad con el objetivo de profundizar los cambios, lo que generó polarización y fuertes tensiones con los grupos opositores, en especial cuando los presidentes promovieron su reelección en reiteradas ocasiones (Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador). En otros casos fueron más respetuosos de la pluralidad política y privilegiaron el camino de la negociación (Brasil, Uruguay, Chile). También se mostraron distintos en la gestión de la economía. Unos países fueron muy responsables con las finanzas públicas y los equilibrios macroeconómicos (Perú y Bolivia), y otros llevaron la política a sus decisiones económicas con desastrosas consecuencias (Venezuela y Argentina).

Los gobiernos del giro a la izquierda se beneficiaron de un contexto internacional favorable en el que los precios de las materias primas (minerales, hidrocarburos y alimentos) aumentaron notablemente (gracias en buena medida al estímulo de la demanda china), lo que permitió que las economías crezcan, incrementó los ingresos fiscales y les permitió gastar más que sus antecesores. Esos ingresos extraordinarios desincentivaron que se impulsen cambios en la estructura productiva, una agenda pendiente en la región. Ello provocó la reprimarización y la desindustrialización de las economías latinoamericanas, muy mala noticia porque aumentan la vulnerabilidad económica externa.

Otro tema pendiente en la agenda económica que no fue resuelto por los gobiernos de izquierda fue la transformación de la estructura impositiva. Los principales ingresos de los Estados en América Latina provienen de impuestos al consumo, como el IVA, que son regresivos porque aplican una misma tasa a todos los sectores de la población, con lo que los pobres terminan pagando proporcionalmente a su nivel de ingresos más impuestos que los ricos. Los impuestos a la renta, a la propiedad o a las utilidades de empresas (que son progresivos) tienen múltiples formas de ser exentados y no contribuyen en igual medida a las arcas estatales. Esa situación es en buena medida la responsable de los altos niveles de desigualdad en la región (que es la más desigual del mundo), y sin su corrección no es posible pensar en avanzar hacia la equidad social. Si con tantos gobiernos de izquierda no se pudo alterar eso, ¿cuándo se lo podrá  realizar?

Los gobiernos de izquierda latinoamericanos no resultaron inmunes a la corrupción. Si bien sus programas políticos pusieron como prioritaria la lucha contra la corrupción de gobiernos anteriores, la realidad ha mostrado que ese fenómeno es muy complejo y no se soluciona sólo con buenas intenciones. Los escándalos que estallaron en Chile (con el involucramiento directo del hijo de Bachelet), Bolivia (con el desvío de fondos para sectores indígenas y la adjudicación irregular de contratos a empresas) y Brasil (donde miembros connotados del Partido de los Trabajadores han sido condenados a la cárcel por ese tipo de delitos), por mencionar algunos, han supuesto un desencanto y el fortalecimiento de las oposiciones.

El desgaste por la corrupción puede ser manejable por los gobiernos cuando la economía atraviesa periodos de bonanza. Pero en contextos de recesión o crisis suele potenciar la insatisfacción con la gestión pública. Desde hace un par de años el contexto internacional ya no es favorable, China se ha desacelerado y los precios de materias primas han caído. En consecuencia, el crecimiento de varios países se ha reducido notablemente. Todo ello pone a los gobiernos de izquierda de la región en una situación delicada y, a veces, insuperable políticamente. A la fecha el giro se revirtió en Argentina y Paraguay, en Brasil la presidenta enfrenta un juicio político, en Bolivia Evo Morales perdió un referéndum con el que buscaba habilitarse para una nueva reelección y en Venezuela la oposición ganó más de dos tercios de las bancadas del Congreso y amenaza con un referéndum revocatorio a Maduro. Todo indica que el giro a la izquierda llegó a su fin, aunque algunos de sus líderes no tienen planeado irse y la probabilidad de polarización e incluso violencia aumenta. Las cosas no serán fáciles para la región en los años que vienen.
These studies challenged the established and traditional approaches to literacy which, until https://writemypaper4me.org then, was considered a personal affair, an individual cognitive process.

El 21 de febrero se realizará en Bolivia el referéndum por medio del cual el gobierno busca modificar la Constitución para permitir una nueva reelección de Evo Morales. En caso de que la propuesta prospere el actual presidente podría gobernar hasta 2025, manteniéndose casi veinte años en el poder, algo inédito en dicho país y muy extraño en cualquier democracia. Esa posibilidad ha polarizado a la sociedad boliviana, la cual ha estado dividida durante buena parte de la década que lleva el MAS en la presidencia. De un lado se destaca el buen desempeño económico que se tuvo, los avances sociales logrados y la estabilidad política alcanzada, mismos que se verían amenazados en caso de que Evo deje de ser presidente. Además, se afirma que si la oposición regresa al poder aplicará nuevamente medidas económicas neoliberales, habrá una regresión en los derechos conquistados y reconocidos por la Constitución de 2009 y aumentará la discriminación hacia indígenas y campesinos. Del otro lado se mencionan la corrupción (que es cada vez más escandalosa), la concentración del poder en el Ejecutivo (el sometimiento del Legislativo y del Tribunal Constitucional son indiscutibles), el acoso que sufren los medios de comunicación críticos con el oficialismo y el estilo autoritario del presidente como evidencia de que Bolivia se encamina hacia una dictadura, por lo que es imperativo evitar una nueva reelección, si acaso se desea preservar lo poco que queda de democracia. ¿Qué posición tomar frente a estas posturas?

Debido a que el fenómeno es reciente, los estudios de Ciencia Política ayudan poco en la discusión sobre si la reelección presidencial indefinida es nociva para la democracia. En América Latina habían dos reglas predominantes en los ochenta: 1) estaba prohibida cualquier posibilidad de reelección, 2) el presidente debía esperar al menos una gestión de gobierno para buscar ser nuevamente electo. Este panorama regional cambió en los noventa, cuando Carlos Menem en Argentina, Fernando Henrique Cardoso en Brasil, Alberto Fujimori en Perú, entre otros, modificaron las Constituciones de sus países para ser reelectos (más detalles aquí). En sentido estricto, el cambio de esas reglas no debió beneficiarlos, por cuanto ellos habían sido elegidos bajo normas que les imposibilita someterse nuevamente al escrutinio de las urnas. Un principio básico del derecho es el carácter no retroactivo de la ley, pero en política las cosas suelen ser más flexibles. Fujimori fue más lejos y forzó un tercer mandato alegando que su segundo gobierno era, bajo la nueva Constitución, en realidad el primero. Su ambición le costó muy caro, ya que pronto se vio forzado a renunciar y huir del Perú en medio de una fuerte convulsión social (Uribe en Colombia también modificó la Constitución para poder reelegirse y luego buscó una segunda reelección, pero fue frenado por el Tribunal Constitucional. Luego de eso desistió de buscar un tercer periodo).

Los cambios constitucionales mencionados tienen base en un argumento teórico muy aceptado en la Ciencia Política: cuando existe posibilidad de reelegirse los políticos tienen incentivos para un buen desempeño, ya que su permanencia en el cargo depende de la aprobación que hagan los electores a su gestión de gobierno. De ahí que en las democracias la regla común es que se permite la reelección de sus máximas autoridades (aquí se encuentra la explicación del argumento, aquí y aquí una evaluación sobre si éste se confirma en los hechos). Dicha regla, no obstante, podría tener efectos diferentes en función de si los países tienen un sistema político presidencialista o parlamentarista. En los primeros, se señala, lleva a la concentración de poder en el presidente, algo que no ocurriría en los segundos debido a que allí las autoridades del Poder Ejecutivo dependen de los apoyos que tengan en el Poder Legislativo, lo que impide que escapen a los controles de los legisladores y de los partidos políticos. En los presidencialismos no es raro que los candidatos a presidente lleguen a crear partidos políticos a su medida, es decir, éstos dependen de sus líderes. En los parlamentarismos ocurre lo contrario. En consecuencia, el argumento teórico señalado tendría una limitación para las democracias presidencialistas: la reelección no puede ser indefinida.

El hecho de que la reelección es menos problemática en parlamentarismos que en presidencialismos se comprueba en que hay más líderes en los primeros que fueron reelectos varias veces que en los segundos. Konrad Adenauer ganó cuatro elecciones consecutivas y gobernó Alemania Occidental por 14 años, el mismo tiempo que Felipe González estuvo al frente del gobierno de España. Margaret Thatcher fue primera ministra del Reino Unido por once años, lo mismo que Angela Merkel como Canciller. Ambas ganaron tres elecciones seguidas. No obstante, en ninguno de esos países se señaló que la democracia corría peligro o se acusó a dichos líderes de autoritarios. Para el parlamentarismo tal situación no es atípica. En democracias presidencialistas sólo se ha observado algo similar una vez, cuando Franklin Roosevelt rompió un acuerdo informal entre los partidos de EE.UU que consistía en que el presidente sólo buscaba una reelección. Se presentó cuatro veces a elecciones, ganándolas todas y gobernando por 13 años. Ello motivó el establecimiento en 1951 de la Vigésimo segunda Enmienda a la Constitución, que establece que un presidente puede aspirar como máximo a dos periodos de gobierno. Para el presidencialismo tal situación es problemática. Este régimen tiene que lidiar con la tensión que existe entre los incentivos al buen desempeño que otorga la posibilidad de reelección y la concentración del poder que se genera cuando un gobernante se mantiene mucho tiempo en el cargo.

En América Latina la búsqueda de los presidentes de mantenerse en el puesto no tuvo buen resultado para sus países. La obstinación de Porfirio Díaz dio inicio a la Revolución mexicana, y la voracidad de poder de Trujillo y de Stroessner hizo que en República Dominicana y Paraguay se instalen dictaduras en las que las elecciones eran una simple formalidad. Por ello, en los países de la región ningún líder, salvo Fujimori, había intentado repetir algo similar. Se había generado entonces un consenso tácito de que en los presidencialismos más de una reelección resulta perjudicial. Así, a inicios del siglo XXI la regla común en Latinoamérica era que los presidentes podían ser reelectos sólo una vez. Esta regla fue rota en 2007 por Hugo Chávez.

Chávez accedió a la presidencia de Venezuela en 1999 con el compromiso de modificar la Constitución para refundar su país y permitir una verdadera democracia. El nuevo texto constitucional admitía la reelección consecutiva (antes eso no era posible) y dicho líder fue reelecto en 2001. Luego forzó su segunda reelección en 2005 con el mismo argumento que había usado Fujimori: bajo la nueva Constitución el segundo periodo de gobierno era en realidad el primero. En 2009 volvió a cambiar la Constitución para permitir la reelección indefinida. Para entonces, la comunidad internacional ya tenía claro que Venezuela estaba más cerca de ser un régimen autoritario que democrático.

La experiencia con Venezuela y los antecedentes de México, República Dominicana y Paraguay llevan a ser pesimistas respecto a la reelección presidencial indefinida (IDEA Internacional también es pesimista). Sin embargo, en sentido estricto ello aún no está probado científicamente ya que no existen, hasta donde tengo conocimiento, estudios sistemáticos comparados al respecto (aquí se señala algo similar). Gabriel Negretto, uno de los que más conoce del tema en el mundo, me dijo por Facebook que esto no se puede evaluar aún pero que la experiencia histórica indica que la permanencia por tiempo indefinido de un presidente lleva a que el régimen deje de ser democrático (¡las redes sociales sirven para intercambiar ideas!). En lo personal sigo pensando que es algo que debemos estudiar en profundidad, aunque me inclino por presidentes que cuando acaba su gobierno se van a su casa tranquilamente.

La presente década nos muestra que América Latina ya no tiene una regla común sobre la reelección. En Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua (todos ellos miembros de la Alianza Bolivariana de las Américas – ALBA) se ha cambiado la Constitución para permitir la reelección indefinida con el argumento de que debe garantizarse la continuidad de las transformaciones impulsadas por sus actuales gobernantes. La pregunta es por qué ello debe depender necesariamente de líderes específicos, ¿no se puede lograr lo mismo bajo nuevos liderazgos? ¿Cuánto tiempo en el poder es suficiente para que se institucionalicen los cambios? Por otro lado, en Brasil y Colombia se ha eliminado la posibilidad de reelección presidencial. En consecuencia, actualmente en la región hay países que permiten una sola reelección presidencial, hay otros que la permiten indefinidamente y unos cuantos que la prohíben. Latinoamérica es diversa.

Y ahora regreso a Bolivia. ¿Debe Evo poder reelegirse nuevamente? Por todo lo desarrollado en los párrafos previos mi respuesta es no, aunque lo más probable, dados los resultados de las encuestas, es que triunfe su propuesta en el referéndum. La movilización del aparato del MAS y de los recursos públicos en la campaña por el “Sí” pesan demasiado. Enfrente hay una oposición fragmentada, carente de recursos y con líderes desacreditados. Puesto que no existe financiamiento público a partidos (algo que sólo favorece al oficialismo) la cancha está inclinada a favor del gobierno (aquí se explica por qué el financiamiento público es necesario). No obstante, considero que lo más importante no es el resultado, sino lo que este proceso está generando: la polarización de la sociedad boliviana.

Evo Morales llegó a la presidencia luego de una profunda crisis política en la que se sucedieron cinco presidentes en cinco años. Su gobierno dio estabilidad al país y se pudo aprovechar el entorno económico favorable de altos precios de materias primas. Bolivia creció como pocas veces antes lo hizo y su moneda no se depreció frente al dólar durante más de una década (en realidad es la única moneda del continente que mantiene su valor). La Constitución de 2009 amplió derechos y reconoció territorios indígenas, se establecieron programas sociales para combatir la pobreza, se invirtió en infraestructura básica como nunca antes se hizo y se manejó de manera responsable las finanzas del Estado. Todo ello provocó que por primera vez la satisfacción con la democracia sea mayoritaria en la población (aquí hay un artículo al respecto). La polarización actual impide que quienes se oponen a la reelección de Evo reconozcan esos logros, y cuando eso sucede se corre el riesgo de echar abajo todo lo avanzado cuando cambia el gobierno (aprendamos de lo que sucede en Argentina). Tengamos presente que esos logros son reconocidos internacionalmente por investigadores y publicaciones de amplio prestigio mundial (aquí y aquí la prueba), aunque aún queda por analizar si con el flujo de ingresos que hubo Bolivia debió crecer más (algo que espero hacer pronto).

Si bien lo anterior es cierto, también lo es que bajo el gobierno del MAS se ha atacado sistemáticamente a periodistas y medios críticos, que se ha desplegado un control político férreo en buena parte del ámbito rural, que hay una red de corrupción que opera desde altas esferas del Estado y que el gobierno ha violado sistemáticamente su propia Constitución, tanto en lo referente a la reelección como en hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas. A ello se suma que el modelo económico no es sostenible, ya que se basa en el más burdo extractivismo. Nuevamente, la polarización impide que quienes apoyan la reelección de Evo reconozcan estos hechos, y cuando eso sucede se corre el riesgo de que todo ello se agrave si el presidente se queda en el poder hasta 2025, con lo que Bolivia se parecería más a un Estado autoritario que a uno democrático.

En 2006 Bolivia necesitaba a Evo, no sólo por la inestabilidad política imperante sino porque era saludable tener a un indígena en la presidencia en un país que es muy racista. Además, fue saludable evidenciar que un indio podía gobernar y gobernar bien. A la fecha aún es evidente que hay sectores de la población que no toleran ese hecho, al igual que hay grupos en Estados Unidos que no soportan que un negro los gobierne, por mucho que los haya sacado de la peor crisis económica en los últimos 80 años. Pero Evo necesita dejar el poder, Bolivia necesita que deje el poder. Ello permitirá reducir la tensión polarizante, rescatar y mantener todo lo bueno que se hizo en esta década y que se hará hasta 2020, y también dinamizará la competencia política, lo que hará muy probable que emerjan nuevos liderazgos y nuevas propuestas. Si su gobierno tiene fecha de caducidad, la intolerancia a la crítica por parte de su partido también disminuirá ya que habrán líderes del MAS compitiendo por reemplazarlo. La vocación democrática de un líder se observa cuando admite una derrota y cuando deja el poder sin ser forzado. Evo Morales se juega en este referéndum su sitio en la historia.

The second major shift emerges with the uptake of https://writemypaper4me.org/ the social networking sites and participatory technologies.

El éxito en los deportes (y en la vida) depende de cuatro factores: esfuerzo, estrategia, talento y suerte. Los dos últimos no los controlamos así que debemos atender a los dos primeros. La combinación adecuada de esfuerzo y de estrategia varía en función del deporte que practicamos y del ámbito de la vida en que nos desenvolvemos. En los deportes individuales el esfuerzo pesa más, en cambio que en los de equipos la estrategia es determinante. No se puede ganar una maratón sin mucho esfuerzo y no se puede ganar en el fútbol sin una buena estrategia. No obstante, el sacrificado esfuerzo suele ser mucho más inspirador que la fría estrategia. ¿Quién no se conmovió con la mexicana que ayer se desmayó luego de cruzar la meta en la prueba de marcha de los Panamericanos, obteniendo la medalla de oro? Yo sí me conmoví.

Pocas horas después la selección mexicana de fútbol nos quitó la emoción que nos había dado la marchista. Incapaz de ganar a equipos centroamericanos hace buen tiempo, el triunfo llegó a través de un penal polémico. Las redes sociales se incendiaron. Que la mafia de la Concacaf, que la mafia de la FIFA, que la mafia que nos gobierna, que Televisa, etc. Lamentablemente no sabemos si hubo una trama a favor de México, no siempre tenemos la evidencia que queremos, pero eso no debe ser excusa para que despertemos nuestras mejores teorías conspiracionistas. Remitámonos a los antecedentes: México fue eliminado de la anterior Copa de Oro en cuartos de final por Panamá y no pasó nada, el mundo siguió girando. Estuvo a pocos minutos de no ir al mundial de Brasil y el árbitro del partido que estaba perdiendo no lo favoreció en ningún momento. Esos elementos nos permiten ver que el mundo, la Concacaf y la Fifa pueden vivir sin la selección mexicana en instancias finales.

En términos estrictamente futbolísticos, anoche México fue mejor. Buscó más el gol (las estadísticas lo reflejan). Por más de una hora Costa Rica se limitó a esperar los penales, estrategia que es legítima pero riesgosa (no olvidemos que la suerte es parte de la ecuación de éxito). Y llegó el penal. No voy a discutir si fue o no falta (para mí sí lo fue), pero que dos ex árbitros mundialistas tengan opiniones contrarias indica que el asunto no es tan claro (@ChiquimarcoMx y @ramosrizo). Las redes sociales siguieron calientes hoy en la mañana. Que los jugadores son unos vagos, que se les paga mucho, que no sienten la camiseta, que no tienen el espíritu de la marchista, etc. Siento diferir, pero gente como el Chicharito, Vela, Oribe, Layún o Diego Reyes pueden ser todo menos jugadores no sacrificados. Sus carreras han sido muy difíciles y, en lo que a la ecuación que señalé se refiere, la parte del esfuerzo la tienen cubierta. El Piojo Herrera también la tiene cubierta. El problema es que con eso no basta. Que nuestra crítica sea entonces justa. No es asunto de “echarle ganas”. En el fútbol, y en la vida, las cosas no salen bien sólo echándole ganas.

El próximo domingo 29 de marzo habrá elecciones subnacionales en Bolivia, en las que se elegirá gobernadores y alcaldes en todos los departamentos de ese país. A la fecha, el oficialismo de Evo Morales tiene control casi absoluto de los gobiernos locales, algo logrado en algunos casos de maneras no precisamente legales. Por ejemplo, una de las autoridades departamentales que fue depuesta y encarcelada en 2008 aún no tiene sentencia condenatoria que acredite legalmente su detención.

Aunque algunos analistas las interpretan como escenarios en los que se juega la suerte futura de los líderes políticos nacionales, las elecciones subnacionales suelen ser distintas a las presidenciales. En ellas no se disputa el proyecto que tienen los gobiernos para sus países, ni involucran una amenaza real para que los presidentes se mantengan en el cargo. En Estados unitarios, como Bolivia, son incluso menos relevantes que en los federales, donde los poderes políticos locales ejercen poder de veto ante cambios sustantivos impulsados desde la capital. Ello no significa que carezcan de importancia. Es razonable pensar que a los ciudadanos les interesa y les afecta en mayor medida la gestión del alcalde y del gobernador que la del gobierno central. La gestión del agua, el manejo de la basura y los residuos, las condiciones de las escuelas, el estado de las calles, el transporte público, etc., son asuntos que las personas enfrentan a diario y que son responsabilidad de los gobiernos locales. El efecto sobre sus vidas es inmediato y negativo cuando están provistas de manera deficiente.

Lo señalado puede llevar a pensar que las elecciones subnacionales son más importantes para los ciudadanos que para los políticos. No necesariamente. No todos los políticos están en condiciones de acceder a cargos nacionales, por lo que los gobiernos locales son atractivos para líderes que buscan posicionarse en su municipio o departamento, para aquellos que están construyendo una carrera política y el ámbito subnacional es un peldaño necesario para luego escalar al ámbito nacional o para quienes simplemente anhelan un puesto público que les permita obtener ingresos económicos, sean jugosos o modestos. Para los partidos políticos esas elecciones son relevantes por los recursos de que disponen los gobiernos locales y porque controlarlos les permite además incrementar su capital político, lo que significa mejores condiciones de negociación con sus dirigencias nacionales en futuras elecciones legislativas o presidenciales. ¿Qué ganan los líderes nacionales en las elecciones subnacionales? Al gobierno central le permite tener cierto control de los gobiernos locales y estabilidad social (esos líderes en gobernaciones y municipios tienen la misión de mantener sus regiones en paz, pero no lo hacen gratuitamente). A ningún presidente le gusta tener gobernadores o alcaldes opositores que aprovechan la menor excusa para hacerle la vida difícil.

Lo anterior significa que entre la política nacional y la subnacional existe una red de juegos muy compleja, donde ni siquiera el presidente puede dar por descontado que un gobierno local en manos de su partido sea absolutamente subordinado. Si los líderes locales sienten que sus aspiraciones no son satisfechas, el gobierno central tendrá problemas incluso con militantes de su propio partido (los que quieran profundizar, acá y acá tienen buenas referencias politológicas).

El 19 de marzo pasado el Tribunal Supremo Electoral boliviano canceló la personería jurídica de una de las agrupaciones que postulaba candidatos a la Gobernación y a distintos municipios del Beni, uno de los departamentos más extensos y menos poblados de ese país. ¿Cuál fue el motivo? Que en una conferencia de prensa uno de sus miembros mostró datos de encuestas que exhibían que ellos ganarían y que el partido del Presidente (el MAS) estaba muy abajo de las preferencias electorales. El problema es que en Bolivia la Ley del Régimen Electoral prohíbe tal acción. Las encuestas sólo pueden ser dadas a conocer por los medios de comunicación y por instituciones académicas. Al respecto, el artículo 136 señala:

“Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

¿Qué explica que exista una legislación tan restrictiva y abiertamente contraria a la competencia política? Si ampliamos la mirada, podemos ver que en toda América Latina han proliferado restricciones a la difusión de encuestas, al trabajo de los medios de comunicación en épocas electorales y al manejo de los tiempos oficiales en medios. Bajo el argumento de evitar la inducción ilegal del voto, se ha retrocedido en uno de los componentes centrales de la competencia política: la información a la que puede acceder el ciudadano. En países como México y Ecuador se llega a extremos ridículos, como intentar hacer seguimiento de lo que se transmite cada segundo del día en todo el espectro radioeléctrico durante los tiempos electorales. Esto es parte de una tendencia aún más preocupante: la presión política y los controles al contenido de lo que se publica en medios. El siguiente gráfico muestra datos de Freedom House para algunos países de la región respecto a este último fenómeno en una escala de 0 a 40, donde 0 es nula presión y 40 es presión máxima. También se incluye el promedio latinoamericano.

Como puede evidenciarse, en la región en su conjunto (línea negra gruesa) la tendencia es ascendente en la última década, es decir, la prensa recibe cada vez más ataques por parte de los gobernantes en razón al contenido de lo que publica. En ese periodo, Bolivia y México son los países en los que mayor incremento en términos de presión política hubo, no sólo entre las naciones incluidas en el gráfico, sino en toda América Latina. Ésta es sin duda una muy mala noticia para la democracia, dado que la libertad de información y la libertad de expresión son sustanciales al régimen democrático.

La primera conclusión que se puede extraer es que ni a los gobernantes de izquierda ni a los de derecha les interesa que la prensa sea libre. América Latina carece de demócratas y en ese contexto es imperativo estar alertas al retroceso de derechos básicos. La segunda conclusión es que a los políticos, en general, tampoco les motiva que se exhiban datos (como los contenidos en encuestas) donde la ciudadanía expresa su opinión. Es casi una constante en Latinoamérica que los candidatos que salen mal ubicados en dichos estudios se apresuren a desacreditarlos, lo que ha llevado a que los partidos en los poderes legislativos se pongan de acuerdo para imponer restricciones a la difusión de encuestas en varios países. En el caso boliviano, la Ley del Régimen Electoral fue aprobada sólo con los votos del partido de Evo Morales, pero se enmarca en la Constitución de 2009, la que fue respaldada por oficialistas y opositores.

En este momento en Bolivia se están reproduciendo los señalamientos de que la democracia ha sido destruida en virtud de la inhabilitación de los candidatos opositores en el Beni. ¿Es realmente así? En sentido estricto, el Tribunal Supremo Electoral falló en función de lo que la Ley señala. Ahora bien, podemos argumentar que el partido de gobierno incurre en numerosas faltas similares o peores y que el Tribunal no lo sanciona. Esta justificación no tiene validez, como tampoco es válido reclamar al policía que nos sanciona por pasarnos el semáforo en rojo con el argumento de que otros conductores también cometen esa falta. No obstante, podría ser el caso de que el policía nos haya detenido a nosotros y no a otros de forma intencionada. En ese caso podríamos alegar mala fe de su parte y ese oficial podría ser sujeto a amonestación, pero la sanción a nosotros sí corresponde, pues hemos violado la norma. En el ámbito electoral la mala fe suele referirse con la metáfora de la cancha inclinada: el oficialismo dispone los recursos y las reglas de tal forma que hacen que la competencia no sea pareja. El equipo visitante (la oposición) tiene que remontar esa inclinación intencional del campo de juego para poder vencer.

La cancha inclinada es una constante de las democracias y buena parte de los trabajos politológicos y de la labor de observadores internacionales van dirigidos a prevenirla. El problema es que todos los políticos, de izquierda y de derecha, inclinan la cancha a su favor cuando están en el poder. ¿Debemos entonces resignarnos? Nunca. La denuncia y la protesta son imprescindibles para el mejoramiento continuo de la democracia y para emparejar el terreno de juego. Pero las oposiciones deben jugar con esas reglas, con las que inclinan la cancha, y planear sus estrategias en función de ellas. ¿Es injusto? Sí, y esa es precisamente la motivación para buscar cambios; además, todos los que han impulsado transformaciones políticas han tenido que sobreponerse a ello. Si se elige no acatar esas reglas (que en muchas ocasiones fueron apoyadas en su momento por quienes luego se quejan) no hay forma de propiciar los cambios y no hay manera de que la democracia avance. Es cierto que también podemos elegir no acatar ninguna regla y optar por otras vías, donde la violencia juega un papel preponderante. América Latina ya ha tenido esa experiencia y el resultado no ha sido precisamente satisfactorio en términos de construir democracia. Claramente, los opositores en el Beni cometieron un error estratégico y están sufriendo las consecuencias de la aplicación de una regla poco democrática. Si se quiere impulsar transformaciones profundas, esos errores no son admisibles. Si no los convencí, pregúntenle a la oposición venezolana.

PD. Estuve leyendo en estos días numerosos artículos de opinión en periódicos bolivianos. Avanzaríamos mucho en la crítica y la denuncia si los analistas se documentaran mejor y si respaldaran sus afirmaciones con datos (¡al menos lean la ley y la resolución del Tribunal!). La indignación no basta por sí sola.

En un post anterior (Aquí) mostré que cuatro de los cinco países en los que ocurren mayor cantidad de protestas en el mundo son latinoamericanos. A continuación amplío ese hallazgo mostrando que América Latina es, en efecto, la región del mundo con mayores niveles de Irrupción Pacífica (nombre que adopto para caracterizar al conjunto de eventos en los que existe movilización colectiva no violenta y salida de gobernantes o de altos funcionarios de gobierno como consecuencia de ello).

¿Qué explica los valores atípicamente altos observados en América Latina? Para responder esta interrogante, y basado en la literatura sobre  Estabilidad Política, tomo como factores explicativos los siguientes indicadores económicos, sociales y políticos:[1]

• PIB per cápita (en dólares constantes de 2005, con paridad del poder adquisitivo).
• Valor añadido en la industria (porcentaje respecto al PIB).
• Exportación de manufacturas (porcentaje respecto al total exportado).
• Comercio internacional (porcentaje respecto al PIB).
• Población urbana (porcentaje respecto al total poblacional).
• Crecimiento del PIB (variación anual).
• Inflación (variación anual).
• Desigualdad (medida por el índice de Gini después de impuestos y transferencias).
• Alfabetismo (porcentaje poblacional).
• Pobreza (porcentaje de la población que vive con menos de dos dólares al día).
• Fraccionalización étnica (probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a diferentes grupos étnicos).
• Fraccionalización religiosa (probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a diferentes grupos religiosos).
• Grado de apertura en la selección del Ejecutivo.
• Límites institucionales al poder de toma de decisiones del Ejecutivo.

El análisis abarca de 1950 a 2012 y cubre todos los países del mundo que en 1982 (la mitad del periodo señalado) tenían una población mayor a medio millón de habitantes. La información recolectada corresponde a 167 países, entre los que se incluyen tanto aquellos que en algún momento existieron en esos años y luego desaparecieron, como los que surgieron durante ese tiempo. Inicialmente se analizará que indicadores son relevantes para explicar Irrupción Pacífica en el mundo, y luego se hará lo mismo pero incluyendo solamente a los 18 países latinoamericanos. Debido a que la variable dependiente no presenta una distribución normal, se aplicará un modelo de regresión cuantílica (en el cual la interpretación de los coeficientes no es distinta respecto al clásico modelo de mínimos cuadrados ordinarios).[2]

Un primer hallazgo es que los eventos de protesta que caracterizan a Irrupción Pacífica son explicados a nivel mundial por factores económicos y políticos, resultando irrelevantes los indicadores de diversidad social y cultural. El “PIB per cápita” muestra una relación negativa, que indica que mayores niveles de ingreso en los países se relacionan con menor cantidad de episodios de movilización colectiva. Ello es consistente con el signo positivo que exhibe el coeficiente de “Exportación de manufacturas”. Usualmente los países más desarrollados son los que exportan más bienes manufacturados. Por otro lado, el “Comercio internacional” reduce la incidencia del tipo de eventos mencionados, lo que indica que la inserción en la economía internacional de los países es positiva en términos de disminuir la protesta y el cambio irregular de gobernantes. El coeficiente positivo de “Población urbana” muestra que la concentración poblacional reduce los problemas de acción colectiva implicados en la organización de masas descontentas (y también es consistente con el signo del coeficiente de los indicadores anteriores, ya que las naciones más avanzadas e industrializadas suelen caracterizarse por tener concentraciones urbanas y poca población en áreas rurales).

El desempeño económico, expresado a través de indicadores como “Crecimiento del PIB” e “Inflación”, es muy importante para explicar Irrupción Pacífica. Los coeficientes indican que bajo crecimiento y variación positiva en el nivel de precios genera descontento social que se expresa masivamente y tiene consecuencias negativas para los gobernantes. En suma, los factores económicos resultan altamente relevantes para provocar o aplacar el descontento y la movilización ciudadanas. Tanto los indicadores que dan cuenta del tipo de estructura económica de los países como los que reflejan el desempeño de corto plazo de las economías exhiben coeficientes significativos.

Resulta sorprendente que los indicadores de desigualdad social y de diversidad cultural no expliquen las variaciones en Irrupción Pacífica. Ello no implica que no tengan efectos importantes sobre la estabilidad política de los países, sino tan sólo que no tienen influencia significativa sobre eventos de protesta pacífica (estos indicadores explican otro tipo de eventos, aquellos que se caracterizan por el uso de la violencia, pero cuyo análisis no es parte de este post).

Los dos indicadores políticos tienen relación significativa con Irrupción Política a nivel mundial. En el caso de “Apertura en la selección del Ejecutivo” es negativa, lo que significa que a medida que el reclutamiento del Ejecutivo es más abierto la expresión del descontento, la respuesta adversa de los gobiernos y la recomposición de éstos se reduce. En cambio, la relación positiva con “Límites al Ejecutivo” señala que hay mayor protesta cuando los límites al accionar de la cúpula del gobierno son mayores, lo que es de esperarse ya que en estas situaciones los gobernantes enfrentan impedimentos para reprimir el descontento.

Resulta por demás interesante analizar en qué medida la explicación de Irrupción Pacífica en América Latina es similar o distinta a la interpretación dada en los párrafos precedentes respecto a los resultados mundiales. En particular destaca que el desempeño económico es especialmente importante para explicar los cambios en la variable dependiente. Si comparamos los coeficientes de “Crecimiento del PIB” y de “Inflación” en ambas columnas, podemos observar que en la última son muy superiores en términos de valor absoluto, lo que significa que en los países latinoamericanos el buen o el mal desempeño de la economía tiene efectos mucho mayores sobre la protesta de masas, la respuesta adversa de los gobiernos y la salida de gobernantes que en el resto de naciones del mundo. Adviértase que el coeficiente de “Inflación” es 80 veces mayor en América Latina, lo que muestra cuán sensible es la población (o los grupos organizados) a los cambios en el nivel de precios, lo que evidencia el trauma colectivo que dejaron las crisis en el siglo pasado, en especial en la década del ochenta. En ese aspecto, las diferencias de Latinoamérica con el mundo son sólo de magnitud del efecto, ya que en ambas columnas el signo de las relaciones de los mencionados indicadores con Irrupción Pacífica es el mismo.

El único indicador de estructura económica que explica las variaciones de Irrupción Pacifica en América Latina es “Comercio internacional”, y el signo de esa relación es el mismo que el observado a nivel mundial, lo que refuerza el hallazgo de que una mayor inserción de las economías al comercio internacional reduce la probabilidad de que se produzcan los eventos señalados. No obstante, debe destacarse que en los países latinoamericanos ese efecto es al menos tres veces mayor en comparación con el resto de naciones. Contrariamente a lo planteado por los teóricos de la dependencia de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, esto muestra que el comercio con el mundo proporciona beneficios no sólo a los países desarrollados (al menos si se considera que las protestas se originan en insatisfacciones de la población). Otros indicadores de estructura económica que en la columna de la izquierda habían mostrado relación significativa con Irrupción Pacífica no muestran relevancia en América Latina, lo que indica que los eventos de movilización pacífica son causados principalmente por problemas de desempeño de la economía.

Podría parecer curioso que “Fraccionalización religiosa” resulte significativa en una región muy homogénea en cuanto a ese tipo de creencias. Al respecto, el signo negativo del coeficiente indica que cuando la población comparte una misma religión la coordinación para la organización de actos masivos es más efectiva que cuando existen varias creencias religiosas, algo que claramente ocurre en América Latina.

La mayor diferencia entre los resultados de ambas columnas involucra a los indicadores políticos. Cuando se estudia a todo el mundo se encuentra que la existencia de controles al accionar del Ejecutivo se relaciona de manera positiva con Irrupción Pacífica; en cambio, para América Latina dicha relación es negativa. Esto significa que en la medida en que los presidentes latinoamericanos no pueden actuar de manera discrecional habrán menores niveles de inestabilidad política en lo que a Irrupción Pacífica se refiere. Este hallazgo es un indicio de que los controles constitucionales al Ejecutivo son importantes, puesto que su existencia lleva a un menor descontento de la gente. En contrapartida, su ausencia, tan típica en periodos de presidencialismo duro, propicia la expresión masiva de insatisfacción.

La comparación efectuada permite ver que las tendencias en el mundo y en América Latina respecto a qué variables explican Irrupción Pacífica son en buena medida similares. Las diferencias encontradas se refieren a la magnitud del efecto causal y permiten entender por qué esa región es la que presenta, al respecto, mayores niveles de inestabilidad política: 1) porque en ella el desempeño económico ha sido históricamente oscilante, con ciclos negativos agudos en los que no es raro encontrar procesos hiperinflacionarios, 2) porque la homogeneidad de creencias religiosas en los países latinoamericanos favorece la coordinación colectiva,  y 3) porque durante mucho tiempo el accionar de los presidentes no enfrentó restricciones efectivas provocando una respuesta adversa de la población.

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[1] El modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios estima la media condicional de la variable dependiente dados ciertos valores en las variables independientes, en tanto que la regresión cuantílica permite estimar la mediana condicional u otro cuantil en la variable de respuesta (por lo que se recomienda su uso cuando se tiene una distribución asimétrica).

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[2] Se emplearon las siguientes fuentes de información para la construcción de los indicadores: World Development Indicators del Banco Mundial, estadísticas de la OCDE, World Factbook de la CIA y Polity IV Project.

“Bolivia es un hermoso país, geográficamente diverso, multiétnico y democrático en el corazón de América del Sur. Conocido como el Tibet de las Américas, es uno de los países más remotos en el hemisferio occidental (…) A menudo se observan grandes protestas debido a cuestiones como la protección del medio ambiente, la tala, la extracción de hidrocarburos, las importaciones de automóviles, minería, construcción de carreteras, así como otros temas. Estas protestas causan el cierre de calles y la creación de bloqueos a lo largo de las principales rutas de viaje entre ciudades. En caso de viajar en autobús, puede ser común quedar detenidos por varias horas” (Bolivia, descrita por Wikitravel, http://wikitravel.org/en/Bolivia).

El párrafo anterior, extraído de una de las fuentes más consultadas por turistas en el mundo, muestra dos características que todo boliviano reconoce en su país: es hermoso y tiene un alto nivel de conflicto. Este último rasgo suele incluso ser tomado con algo de humor (a veces no queda otra alternativa), y popularmente se señala que el día en que se reconozcan la marcha de protesta y el bloqueo de carreteras como deportes olímpicos, podremos aspirar sin dudas a una medalla de oro. No obstante, la movilización y la protesta no son patrimonio boliviano, los observamos en todo el mundo y normalmente se los asocia con insatisfacción social.

Dentro de algo que estoy investigando incluí 19 variables que suelen ser asociadas con inestabilidad política y, usando una técnica estadística conocida como análisis de componentes principales, analicé como se agrupan los datos de 160 países entre 1950 y 2012. Uno de los resultados es que las siguientes variables se agrupan en una misma dimensión a la cual llamo “irrupción pacífica”: huelgas, purgas, disturbios, protestas, cambio de gabinete y cambio del ejecutivo. Es sumamente interesante constatar que hay una relación cercana entre la movilización colectiva, la respuesta gubernamental hostil y la salida de gobernantes o de altos funcionarios de gobierno. ¿Dónde es usual observar episodios de irrupción pacífica?

Diferenciando a los países según su régimen político, podemos comprobar que las democracias se caracterizan por la expresión pacífica del descontento y por la salida de gobernantes producto de esa presión. En cambio, los autoritarismo se especializan en reprimir ese tipo de acciones y las democracias deficitarias (aquellas donde hay elecciones pero todavía se violan derechos básicos de la población) se ubican en algún lugar intermedio. Es posible, incluso, que la irrupción pacífica no sólo sea una característica de las democracias, sino que éstas la necesiten.

Usando datos de Polity Project, encontramos una relación positiva y significativa (a través de un modelo de regresión lineal) entre nivel de democracia e irrupción pacífica, lo cual confirma que para una mayor democratización se requiere movilización colectiva y salida de altos funcionarios de gobierno. Esta relación no está influida por la riqueza de los países (la literatura especializada ha demostrado que existe una relación estrecha entre democracia y desarrollo económico) ya que se incluyó al PIB per cápita como variable de control (es decir, se mantuvo constante el nivel medio de ingreso de las naciones). El siguiente gráfico nos muestra qué diferencias obtenemos en la estimación del nivel de democracia cuando 1) la única variable explicativa es el PIB per cápita, y 2) se agrega a la ecuación la irrupción pacífica.

Si todos los puntos cayeran sobre la línea roja de 45 grados, la irrupción pacífica no agregaría nada a la explicación sobre democracia que puede darse considerando únicamente la riqueza de los países. Resulta muy interesante notar que cuando esa dimensión de inestabilidad política es incluida, los niveles de democracia son mayores a los que se espera dado el nivel de desarrollo de la gran mayoría de las naciones (los puntos se ubican masivamente a la derecha de la línea). Ahora bien, es lógico pensar que esta relación a nivel general tiene sus excepciones. Una de las formas de llegar a ellas es encontrando qué países son los más extremos. A continuación presento el top 5 de los países que más protestan en el mundo. Esto se obtuvo a partir de observaciones anuales mayores a una desviación estándar a la media de irrupción pacífica durante los 62 años estudiados.

Cuatro de los cinco países que más protestan pertenecen a América Latina. Por el nivel de irrupción pacífica que se observa en ellos deberían no sólo pertenecer al grupo de naciones democráticas, sino incluso ser las democracias más desarrolladas, pero no es el caso. El ingreso promedio en ese grupo entre 1950 y 2012 es mayor a 16 mil dólares, cifra que a la fecha sólo ha sido alcanzada por Corea del Sur. Esta anomalía en relación a la estadística muestra las grandes dificultades que históricamente tienen varios países latinoamericanos para democratizarse. En consecuencia, no podemos esperar que el alto nivel de movilización y protesta que poseen disminuya de la noche a la mañana, esto es parte de sus procesos políticos, incluso de su cultura política, y no cambiará debido a que gane tal o cual candidato presidencial (este año hay elecciones en Bolivia y en Argentina), quienes, sin lugar a dudas, se frustrarán por ello y buscarán algunas soluciones no muy democráticas. Es más, dada la relación de necesidad entre democracia e irrupción pacífica, es posible que los avances democráticos logrados en ellos sean gracias al alto nivel de protesta. Malas noticias para el turismo pero buenas para las perspectivas de la democracia en el largo plazo.

Eran las 2 de la madrugada cuando obtuve estos resultados. Salí emocionado de mi estudio, ingresé al dormitorio, desperté a mi esposa y le dije, “¿sabes en qué país es en el que más se protesta en el mundo?”. “En Bolivia”, me respondió, “ahora déjame dormir”. Ella no necesitó de modelos estadísticos para llegar a esa conclusión. Aunque esta es la primera vez que, según sé, alguien lo comprueba, para los bolivianos no es ninguna sorpresa.

A pocos días de que empiece el mundial de fútbol las protestas populares en Brasil no parecen disminuir, lo que despierta algunos temores sobre el éxito que se tendrá en la organización del mismo. Los sectores movilizados básicamente reclaman que en lugar de utilizar cantidades inmensas de dinero en la construcción de obras que demanda ese evento, el gobierno debería favorecer la inversión social para elevar la calidad de vida de las personas, en especial de los sectores más desfavorecidos (es importante mencionar que también se denuncia la existencia de corrupción en la adjudicación de contratos y costos inflados en los mismos). En contrapartida, los gobernantes, la FIFA y los inversionistas señalan que el gasto efectuado es en realidad una inversión que beneficiará a los brasileños, y que los ingresos por derechos televisivos, llegada de turistas, etc., superarán ampliamente a los costos. Además, se menciona que los beneficios se mantendrían en el largo plazo en virtud de la buena imagen que daría el país al mundo, lo que lo haría atractivo para recibir más turismo y más inversiones.

Este conflicto divide opiniones en el mundo entero y se ha desatado una polémica en torno a cuán benéfico es la organización de grandes eventos deportivos. Por ejemplo, hay quienes señalan que la actual crisis económica en Grecia, iniciada hace 5 años, se debió en parte a los costos de organizar las olimpiadas de 2000 y de mantener la infraestructura construida. También se suele mencionar los problemas económicos que supuso para Sudáfrica la organización del mundial de fútbol de 2010 y que los ingresos de los juegos olímpicos de Londres en 2012 no fueron los esperados. Sin embargo, los países continúan compitiendo intensamente por la organización de mundiales y olimpiadas, y el anuncio de los elegidos es acompañado de un nivel de euforia sólo comparable con la decepción de quienes perdieron en la decisión de ser sede de dichos eventos. Dado lo anterior, no resulta trivial preguntarnos ¿cuál es el beneficio de ser anfitrión en acontecimientos deportivos de escala planetaria?

Para responder a esa pregunta he recopilado datos correspondientes a 20 años de todos los países que organizaron mundiales de fútbol y olimpiadas a partir de 1968. Se comparan resultados en los diez años previos y en los diez posteriores a la realización de los mencionados eventos. En particular nos interesa explicar tres variables: crecimiento económico, pobreza y desigualdad (medida con el índice de Gini). Ahora bien, dado que no podemos esperar que el efecto sea el mismo en países avanzados y en países menos desarrollados (en los primeros previamente existe mayor infraestructura y el gasto en términos relativos es menor) se introdujo como variable de control al PIB per cápita (lo que significa que se mantiene constante el nivel de ingreso promedio en las naciones involucradas). ¿Qué se puede observar?

Los resultados nos muestran que la organización de grandes eventos deportivos, por sí misma, no tiene influencia en ninguna de las tres variables de interés, las cuales sólo son explicadas por el nivel de desarrollo de los países. Al respecto, el signo negativo obtenido no es sorprendente, ya que buena parte de la literatura especializada ha demostrado que las naciones más desarrolladas crecen a un menor ritmo que las demás; es decir, los países poco avanzados tienen amplio potencial para explotar sus factores de producción y poder crecer mucho, como ocurre hoy en día con China.

Los resultados son un poco decepcionantes, ya que no le dan la razón a ninguno de los dos bandos. No obstante, también debe tomarse en cuenta que mundiales de fútbol y olimpiadas han sido organizados tanto en países democráticos como en autoritarios. Es más, los gobernantes de estos últimos aprovechan dichos eventos para vender una imagen favorable al exterior. ¿Qué ocurre si introducimos una variable sobre régimen político pero en interacción con la presencia o ausencia de grandes eventos deportivos? Para realizar esto se ha recurrido a datos de Polity Project que evalúan los regímenes políticos de los países (valores positivos para democracia, valores negativos para autoritarismos).

Los nuevos resultados  son por demás interesantes, ya que muestran que la organización de grandes eventos deportivos influye de manera diferente según el tipo de régimen que impera en los países anfitriones. Así, en la medida en que haya mayor democracia el crecimiento se verá favorecido gracias a un mundial de fútbol o a una olimpiada. El gráfico siguiente es más claro para observar el efecto.

Las dos líneas de puntos muestran el crecimiento obtenido cuando se organiza y cuando no se organiza eventos deportivos. La línea superior nos indica que, considerando el régimen político de los países, se produce un beneficio económico positivo a raíz de ser sede de juegos olímpicos o de mundiales de fútbol. Ahora bien, según nuestros resultados, esto no influye en la disminución o en el aumento de la pobreza y de la desigualdad, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Es mucho pedir que uno de esos eventos solucione nuestros problemas sociales. Es tarea de los gobiernos a dónde destinar los ingresos adicionales obtenidos.

¿Quién tiene la razón y quién está equivocado? En principio se puede afirmar que postularse como futura sede de juegos deportivos está plenamente justificado si el país en cuestión es una democracia (o mientras más democrático sea). Ello da la razón a los argumentos de gobernantes, FIFA, Comité Olímpico Internacional e inversores de que las olimpiadas y los mundiales generan ingresos adicionales en los países anfitriones que compensan los costos incurridos. No obstante, las quejas de los sectores movilizados en Brasil parecen no ser descabelladas, ya que la evidencia nos dice que el crecimiento adicional no disminuye la pobreza y la desigualdad (aunque tampoco la aumenta). Al parecer los países se concentran tanto en la organización de esos eventos que, cuando llegan los ingresos, suelen gestionarlos de muy mala forma. Dicho todo lo anterior, el descontento social en Brasil podría ser leído de la siguiente manera: si va a haber más pastel, queremos un pedazo más grande.