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Elecciones subnacionales: cancha inclinada y estrategias erróneas

Wednesday, March 25th, 2015

El próximo domingo 29 de marzo habrá elecciones subnacionales en Bolivia, en las que se elegirá gobernadores y alcaldes en todos los departamentos de ese país. A la fecha, el oficialismo de Evo Morales tiene control casi absoluto de los gobiernos locales, algo logrado en algunos casos de maneras no precisamente legales. Por ejemplo, una de las autoridades departamentales que fue depuesta y encarcelada en 2008 aún no tiene sentencia condenatoria que acredite legalmente su detención.

Aunque algunos analistas las interpretan como escenarios en los que se juega la suerte futura de los líderes políticos nacionales, las elecciones subnacionales suelen ser distintas a las presidenciales. En ellas no se disputa el proyecto que tienen los gobiernos para sus países, ni involucran una amenaza real para que los presidentes se mantengan en el cargo. En Estados unitarios, como Bolivia, son incluso menos relevantes que en los federales, donde los poderes políticos locales ejercen poder de veto ante cambios sustantivos impulsados desde la capital. Ello no significa que carezcan de importancia. Es razonable pensar que a los ciudadanos les interesa y les afecta en mayor medida la gestión del alcalde y del gobernador que la del gobierno central. La gestión del agua, el manejo de la basura y los residuos, las condiciones de las escuelas, el estado de las calles, el transporte público, etc., son asuntos que las personas enfrentan a diario y que son responsabilidad de los gobiernos locales. El efecto sobre sus vidas es inmediato y negativo cuando están provistas de manera deficiente.

Lo señalado puede llevar a pensar que las elecciones subnacionales son más importantes para los ciudadanos que para los políticos. No necesariamente. No todos los políticos están en condiciones de acceder a cargos nacionales, por lo que los gobiernos locales son atractivos para líderes que buscan posicionarse en su municipio o departamento, para aquellos que están construyendo una carrera política y el ámbito subnacional es un peldaño necesario para luego escalar al ámbito nacional o para quienes simplemente anhelan un puesto público que les permita obtener ingresos económicos, sean jugosos o modestos. Para los partidos políticos esas elecciones son relevantes por los recursos de que disponen los gobiernos locales y porque controlarlos les permite además incrementar su capital político, lo que significa mejores condiciones de negociación con sus dirigencias nacionales en futuras elecciones legislativas o presidenciales. ¿Qué ganan los líderes nacionales en las elecciones subnacionales? Al gobierno central le permite tener cierto control de los gobiernos locales y estabilidad social (esos líderes en gobernaciones y municipios tienen la misión de mantener sus regiones en paz, pero no lo hacen gratuitamente). A ningún presidente le gusta tener gobernadores o alcaldes opositores que aprovechan la menor excusa para hacerle la vida difícil.

Lo anterior significa que entre la política nacional y la subnacional existe una red de juegos muy compleja, donde ni siquiera el presidente puede dar por descontado que un gobierno local en manos de su partido sea absolutamente subordinado. Si los líderes locales sienten que sus aspiraciones no son satisfechas, el gobierno central tendrá problemas incluso con militantes de su propio partido (los que quieran profundizar, acá y acá tienen buenas referencias politológicas).

El 19 de marzo pasado el Tribunal Supremo Electoral boliviano canceló la personería jurídica de una de las agrupaciones que postulaba candidatos a la Gobernación y a distintos municipios del Beni, uno de los departamentos más extensos y menos poblados de ese país. ¿Cuál fue el motivo? Que en una conferencia de prensa uno de sus miembros mostró datos de encuestas que exhibían que ellos ganarían y que el partido del Presidente (el MAS) estaba muy abajo de las preferencias electorales. El problema es que en Bolivia la Ley del Régimen Electoral prohíbe tal acción. Las encuestas sólo pueden ser dadas a conocer por los medios de comunicación y por instituciones académicas. Al respecto, el artículo 136 señala:

“Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

¿Qué explica que exista una legislación tan restrictiva y abiertamente contraria a la competencia política? Si ampliamos la mirada, podemos ver que en toda América Latina han proliferado restricciones a la difusión de encuestas, al trabajo de los medios de comunicación en épocas electorales y al manejo de los tiempos oficiales en medios. Bajo el argumento de evitar la inducción ilegal del voto, se ha retrocedido en uno de los componentes centrales de la competencia política: la información a la que puede acceder el ciudadano. En países como México y Ecuador se llega a extremos ridículos, como intentar hacer seguimiento de lo que se transmite cada segundo del día en todo el espectro radioeléctrico durante los tiempos electorales. Esto es parte de una tendencia aún más preocupante: la presión política y los controles al contenido de lo que se publica en medios. El siguiente gráfico muestra datos de Freedom House para algunos países de la región respecto a este último fenómeno en una escala de 0 a 40, donde 0 es nula presión y 40 es presión máxima. También se incluye el promedio latinoamericano.

Como puede evidenciarse, en la región en su conjunto (línea negra gruesa) la tendencia es ascendente en la última década, es decir, la prensa recibe cada vez más ataques por parte de los gobernantes en razón al contenido de lo que publica. En ese periodo, Bolivia y México son los países en los que mayor incremento en términos de presión política hubo, no sólo entre las naciones incluidas en el gráfico, sino en toda América Latina. Ésta es sin duda una muy mala noticia para la democracia, dado que la libertad de información y la libertad de expresión son sustanciales al régimen democrático.

La primera conclusión que se puede extraer es que ni a los gobernantes de izquierda ni a los de derecha les interesa que la prensa sea libre. América Latina carece de demócratas y en ese contexto es imperativo estar alertas al retroceso de derechos básicos. La segunda conclusión es que a los políticos, en general, tampoco les motiva que se exhiban datos (como los contenidos en encuestas) donde la ciudadanía expresa su opinión. Es casi una constante en Latinoamérica que los candidatos que salen mal ubicados en dichos estudios se apresuren a desacreditarlos, lo que ha llevado a que los partidos en los poderes legislativos se pongan de acuerdo para imponer restricciones a la difusión de encuestas en varios países. En el caso boliviano, la Ley del Régimen Electoral fue aprobada sólo con los votos del partido de Evo Morales, pero se enmarca en la Constitución de 2009, la que fue respaldada por oficialistas y opositores.

En este momento en Bolivia se están reproduciendo los señalamientos de que la democracia ha sido destruida en virtud de la inhabilitación de los candidatos opositores en el Beni. ¿Es realmente así? En sentido estricto, el Tribunal Supremo Electoral falló en función de lo que la Ley señala. Ahora bien, podemos argumentar que el partido de gobierno incurre en numerosas faltas similares o peores y que el Tribunal no lo sanciona. Esta justificación no tiene validez, como tampoco es válido reclamar al policía que nos sanciona por pasarnos el semáforo en rojo con el argumento de que otros conductores también cometen esa falta. No obstante, podría ser el caso de que el policía nos haya detenido a nosotros y no a otros de forma intencionada. En ese caso podríamos alegar mala fe de su parte y ese oficial podría ser sujeto a amonestación, pero la sanción a nosotros sí corresponde, pues hemos violado la norma. En el ámbito electoral la mala fe suele referirse con la metáfora de la cancha inclinada: el oficialismo dispone los recursos y las reglas de tal forma que hacen que la competencia no sea pareja. El equipo visitante (la oposición) tiene que remontar esa inclinación intencional del campo de juego para poder vencer.

La cancha inclinada es una constante de las democracias y buena parte de los trabajos politológicos y de la labor de observadores internacionales van dirigidos a prevenirla. El problema es que todos los políticos, de izquierda y de derecha, inclinan la cancha a su favor cuando están en el poder. ¿Debemos entonces resignarnos? Nunca. La denuncia y la protesta son imprescindibles para el mejoramiento continuo de la democracia y para emparejar el terreno de juego. Pero las oposiciones deben jugar con esas reglas, con las que inclinan la cancha, y planear sus estrategias en función de ellas. ¿Es injusto? Sí, y esa es precisamente la motivación para buscar cambios; además, todos los que han impulsado transformaciones políticas han tenido que sobreponerse a ello. Si se elige no acatar esas reglas (que en muchas ocasiones fueron apoyadas en su momento por quienes luego se quejan) no hay forma de propiciar los cambios y no hay manera de que la democracia avance. Es cierto que también podemos elegir no acatar ninguna regla y optar por otras vías, donde la violencia juega un papel preponderante. América Latina ya ha tenido esa experiencia y el resultado no ha sido precisamente satisfactorio en términos de construir democracia. Claramente, los opositores en el Beni cometieron un error estratégico y están sufriendo las consecuencias de la aplicación de una regla poco democrática. Si se quiere impulsar transformaciones profundas, esos errores no son admisibles. Si no los convencí, pregúntenle a la oposición venezolana.

PD. Estuve leyendo en estos días numerosos artículos de opinión en periódicos bolivianos. Avanzaríamos mucho en la crítica y la denuncia si los analistas se documentaran mejor y si respaldaran sus afirmaciones con datos (¡al menos lean la ley y la resolución del Tribunal!). La indignación no basta por sí sola.